Procesan a los miembros de la secta que funcionaba en el Hotel City

By |2018-07-20T07:16:37+00:0019 julio, 2018|Vivekayuktananda|

Qué (Argentina), 19.07.2018

Cinco personas que fueron detenidas semanas atrás en el Hotel City -de la Diagonal Alberdi al 2500 acusados de formar parte de una secta religiosa que explotaba sexual y laboralmente a sus víctimas fueron procesadas en las últimas horas por el juez federal Santiago Inchausti por los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas, mediante el uso de engaño, amenazas y violencia. Además, el líder de la organización -de 71 años- está acusado también de abuso sexual y torturas, delitos cometidos, entre varias víctimas, contra una de sus hijas. Fruto de los abusos, habría tenido quince hijos.

Se trata de una causa judicial impactante por la multiplicidad de atrocidades que surgen a medida que se conocen las declaraciones de las víctimas. Hay extendidas situaciones de explotación, abusos sexuales, torturas, engaños y amenazas, por lo que en su resolución el juez sostuvo estar “ante situaciones de esclavitud”.

Los detalles de la causa, que hasta el momento era mantenida bajo un fuerte hermetismo, fueron revelados por el Ministerio Público Fiscal, luego de que el juez Inchausti, en línea con la investigación en la que intervino el fiscal Nicolás Czizik, resolviera en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva de los cinco acusados, a quienes se les trabó embargo por 10 millones de pesos. Si bien son cinco las víctimas por las que se dictaron los procesamientos, serían más de 30.

De acuerdo a la información oficial, el avance de la investigación permitió determinar que las cinco personas procesadas -cuatro fueron detenidas en el allanamiento del 3 de julio y otra días más tarde- formaron parte al menos desde principios de la década del 70 de una organización delictiva con rasgos de secta religiosa. Bajo la apariencia de un ministerio o grupo de yoga con influencias de la filosofía hindú, alumnos y alumnas convivían bajo el mismo techo que su maestro en el Hotel City desde el 2005, y anteriormente en una casa del conurbano bonaerense e incluso en Venezuela.

Según lo establecido por los investigadores, quien estaba al frente de la organización cumplía el rol de “guía espiritual” en la congregación que él mismo había fundado, daba las directivas en el hotel y tendría un completo control sobre las vidas y acciones de las víctimas. En su accionar también colaboraron su pareja -quien estaba al frente de la cooperativa administradora del hotel- y tres individuos que eran de confianza del líder y desempeñaban distintas tareas en la organización. Por disposición de la Justicia, sus identidades no fueron dadas a conocer.

 CAPTACIÓN, EXPLOTACIÓN, TORTURAS Y ABUSO SEXUAL 

“La intención de la congregación era captar y acoger a personas en situaciones de vulnerabilidad -marcada por su escasa edad, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y de educación-, convencerlas de hacer aportes económicos a las arcas de la organización, y reducirlas a la servidumbre con el objeto de explotarlas económica y laboralmente y someterlas sexualmente“, según describieron desde el Ministerio Público.

Entre las víctimas no distinguía entre sus propios hijos  y los de personas ajenas a su grupo familiar. Según los elementos que forman parte de la causa, el líder de la organización sometía a las víctimas al aislamiento social -no asistían a  la escuela, no se relacionaban con el exterior, se movían en grupo, no podían comunicarse con los miembros que habían decidido irse y eran vigiladas por cámaras de seguridad-, tenía hijos con las mujeres que captaba; los obligaba a mantener relaciones sexuales entre quien él elegía bajo la excusa de ser un “aprendizaje sexual”, no le importaba que se tratara de menores de edad y los filmaba mientras lo hacían.

Por otro lado, los investigadores establecieron que el principal acusado se apropiaba de los bienes de las nuevas víctimas que captaba y “quienes trabajaban en el hotel lo hacían a cambio de un valor simbólico de dinero, el alojamiento y la comida, o les hacía creer que era comunitario el trabajo, cuando sólo él se beneficiaba”.

Las torturas físicas y psicológicas también eran parte de la vida cotidiana en el lugar, tanto a menores como a los adultos. De modo coincidente, las víctimas relataron haber sufrido o visto palizas, golpes, estar colgados de una soga por una largo rato, asfixias con agua, simulacros de fusilamientos, picana eléctrica, entre otros tormentos.

 ESCLAVITUD 

En la resolución en la que decretó el procesamiento con la prisión preventiva de los cinco detenidos el juez Inchausti definió estar “en situaciones de esclavitud o análogas que quedan atrapadas por los delitos de reducción a servidumbre o trata de personas”.

En este sentido, planteó que las conductas delictivas respecto de las cinco víctimas comenzaron en antigua data, pero que nunca cesaron a lo largo de tres o cuatro décadas, por lo que debe ser tratado como “un delito permanente”, y en consecuencia, se le van aplicando la sucesión de leyes penales que se han ido sancionando en su transcurso.

Por otro lado, la resolución repara, para dimensionar la capacidad de acción de los acusados en relación a la eliminación de aquellas personas a las que consideraban adversarias a sus fines, en los testimonios que los vincula con delitos de suma gravedad, que por cuestiones temporales o territoriales no resultan objeto de la actual causa: hubo quienes hablaron de desaparición de personas, torturas y homicidios contra personas que intentaron escapar de la red de trata en la que estaban sometidos.

De acuerdo a la resolución del juez, los hechos se encuadran en los delitos de reducción a la servidumbre, que concurre de forma ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral agravado por el uso de engaño, fraude, violencia, amenaza y otros medios de intimidación y coerción, abuso de autoridad y de una situación de vulnerabilidad y concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de personas sobre las que se tuvo autoridad, por la cantidad de víctimas, la cantidad de victimarios, por ser ministro o autoridad de culto, y por la consumación de la explotación.

 ABUSOS Y QUINCE HIJOS 

De acuerdo a la acusación acreditada por el juez en esta instancia del proceso, además de la reducción a la servidumbre y la explotación laboral, el líder de la organización sometió “con la participación necesaria de su pareja” a algunas de las víctimas a diferentes delitos contra la integridad sexual: les efectuó personalmente tocamientos, abusos sexuales con acceso carnal y, a su vez, obligó a contraer relaciones sexuales a los fieles y a los integrantes de su familia entre sí, de acuerdo consta en la resolución judicial.

Una de las víctimas relató que el principal de los investigados abusó de ella desde los seis años, con la complicidad de su madre. Los abusos con acceso carnal comenzaron a los 13 años y recibía castigos si se negaba. Como consecuencia de los sometimientos, relató que a los 28 años tuvo una hija, de quien también intentó abusar cuando la niña cumplió 13.

Constan en la causa otros testimonios que dan cuenta de las situaciones de abuso que se repetían por parte del principal acusado. Otra de las víctimas relató también que tenía el recuerdo de las palizas que le propinaba, por lo que le tenían terror: les pegaba con un cinturón, las quemaba con un encendedor. Dijo que  “a lo último ya ni me dolía”; y que quedaba paralizada cada vez que sabía que venía una paliza.

Fruto de los abusos, el principal imputado habría tenido, según relato de las víctimas, quince hijos, trece de ellos con seis madres diferentes y los restantes con dos de sus hijas biológicas. A excepción de uno -e instigados por el responsable de la secta-, habrían sido inscriptos como hijos biológicos de otros miembros de la congregación, lo que configuraría falsedades documentales y/o declarativas. También es materia de investigación, ante los indicios recolectados, que el líder habría obligado a fieles de la organización a contraer matrimonios forzados. En relación a estos delitos, como a la situación de 30 posibles nuevas víctimas, el juez instructor ordenó nuevas medidas de prueba.

A los fines de brindar asistencia a las víctimas, desde la fiscalía informaron que se ha dado intervención al Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y a la Oficina de Atención de Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mar del Plata.