Levante EMV (España), José Parrilla, 8.05.2013

El Ayuntamiento de Valencia retirará los más de 500 contenedores de recogida de ropa usada que hay en la ciudad y posteriormente establecerá sesenta o setenta puntos para que pongan sus depósitos aquellas entidades que acrediten ser organizaciones sin ánimo de lucro, tener cuatro años de experiencia y fijar su campo de acción en Valencia.

Según explicó ayer Félix Crespo, concejal de Licencias, los primeros 50 contenedores se colocaron entre los años 2005 y 2008 por parte de dos organizaciones -Roba Amiga-Cáritas y la Casa Gran- que tenían sus permisos en regla y atendían a personas en riesgo de exclusión social. Pero a partir de esas fechas empezaron a aparecer contenedores por toda la ciudad sin que hubiera una regulación al respecto y, por lo tanto, sin licencias.

Para acabar con esta situación, el pasado verano decidieron intervenir en el problema y la Policía Local comprobó la existencia de “doscientos y pico contenedores”, cifra que a día de hoy se ha elevado a más de quinientos, precisó Crespo.
Siguiendo las pistas de los propios recipientes se habló con los propietarios y se comprobó que eran de las dos organizaciones anteriormente citadas más otras tres que “admitieron hacer negocio” con esta ropa. Humana Fundación Pueblo para el Pueblo reconoció, según Crespo, que el 50% de la mercancía la vendía en pequeños comercios en Africa. Jóvenes Unidos por el Reciclaje, con sede en Toledo, se dedicaba directamente a la venta de residuos textiles como trapos, ropa usada y para reciclaje. Trataron de demostrar su vertiente humanitaria “mostrando unas fotos de una residencia en Perú sin documentación ni nada. Las podían haber sacado de una web”, matizó el concejal. Finalmente, la empresa de Alzira Texlimka se dedica al reciclaje y los trapos industriales. De hecho, tiene su propia marca de trapos, explicó Crespo, quien aseguró que su supuesta acción social es hacer donaciones a las entidades que les dan ropa.

Eso significa que “la mayoría de los contenedores eran irregulares” y que además estaban colocados sin criterio -algunos sobre pasos de cebra- y sin medidas se seguridad suficientes, de manera que se han adoptado unas medidas, conjuntamente con las delegaciones de Bienestar Social y Residuos Urbanos, que empiezan por dar un plazo de 30 días a las entidades para que retiren los contenedores. De lo contrario, los quitará el ayuntamiento y les pasará la factura.
Luego se habilitarán 60 o 70 puntos para que estas entidades pongan unos nuevos recipientes. Deberán acreditar, eso sí, que no tienen ánimo de lucro, cuatro años de experiencia y trabajar en Valencia. De esta manera se garantiza el fin social, dijo Crespo.