Público, Carta a los lectores, 23.11.2007

En relación con el reportaje publicado en el diario Público el pasado 9 de octubre y acogiéndome al derecho de rectificación y réplica, deseo hacer las siguientes matizaciones y rectificaciones sobre algunas afirmaciones vertidas en el mismo:

En la finca Amor y vida de El Hoyo de Pinares, de mi propiedad, no hay ninguna secta. Mantenemos una reducida comunidad de convivencia –mi familia y otros tres adultos– como iniciativa puramente particular de personas que hemos optado por vivir en contacto con la naturaleza y que compartimos algunos planteamientos alternativos. Pero ni la finca ni ese grupo de convivencia como tal pertenecen a institución o entidad alguna. Amor y vida existe desde hace ocho años y, a título personal, yo sigo desde hace cuatro años y medio la meditación de Sant Mat como complemento de mi vida espiritual, pero no todos los que viven conmigo comparten esa misma meditación, ni tienen por qué hacerlo. Sant Mat tampoco es una secta y mucho menos destructiva, y desde luego yo no siento que me anule la personalidad, todo lo contrario, ni he visto nunca las falsas prácticas con menores a las que se alude.

No tengo web, no hago publicidad y nunca he llevado a cabo ninguna forma de proselitismo. En los libros que tengo publicados sobre diversos temas, no he abordado tampoco esta cuestión. Es cierto que recibimos visitas de amigos o de conocidos de éstos, pero se trata de personas de las más diversas creencias, religiones o culturas, sin sectarismo de ningún tipo.

Jamás he captado fondos para nuestra comunidad con ánimo lucrativo. Sólo si hay personas que se quedan durante un tiempo, se les suele pedir simplemente que cubran, si pueden, sus propios gastos de sustento, que contribuyan a esos gastos comunes, pero sin que exista, por descontado, beneficio alguno.

Es falso que exista denuncia alguna contra mí o al menos a mí nunca se me ha notificado ninguna. Dudo además de que, si existiera, la Guardia Civil facilite públicamente, de forma ilegal, tales datos a cualquier periódico. La única excepción fue una falsa denuncia reciente que, seguidamente, fue retirada por el propio denunciante, por lo que cabe preguntarse si no tendría precisamente un carácter instrumental para proporcionar otro elemento sensacionalista al reportaje.

Dentro de mi formación en salud y medicinas alternativas, puedo dar determinados consejos a las amistades que me las piden, pero jamás sustituyo a un médico ni hago de médico y, desde luego, es rotundamente falso que cobre por ello.

He acompañado a amigas que me lo han pedido durante sus partos, pero ni asisto a los mismos, ni intervengo en ellos, ni suplanto a ningún profesional.

Las dos personas a las que se presenta en el artículo como “staff de la organización” son simplemente dos amigos, de distintas confesiones religiosas y con hábitos alimenticios muy distintos a los míos, que no están asociados absolutamente a nada ni representan a organización alguna.

Es falso también que haya tenido el menor problema legal con el anterior dueño de la finca. Es más, nunca he vuelto a saber de él desde que la compré hace ocho años.

Las imágenes que acompañan al reportaje no responden a lo que se indica en los pies de fotos. Se trata, además, de fotografías personales que conservaba y que jamás he entregado a nadie, por lo que me han sido sustraídas.

Respecto a la falta de escolarización de mis hijos, lo obligatorio constitucionalmente en España es la educación básica y no la escolarización. Mis hijos poseen una formación adecuada y es también un derecho constitucional que los padres tengan derecho a escoger el modelo educativo que desean para sus hijos. La enseñanza no escolarizada es una opción legítima de muchas familias y está avalada por algunas sentencias judiciales. Ni siquiera lo que se reproduce en el reportaje como un correo electrónico mío entrecomillado responde a la literalidad de lo manifestado por mí, está parcialmente modificado.

Mis hijos sí han sido revisados en ocasiones por médicos no alopáticos y, en todo caso, con 10 y 11 años, no han tenido nunca ninguna enfermedad, hecho absolutamente inusual en otros niños de su edad sometidos a la medicina y alimentación convencionales, algo que, en lugar de escandalizar, debería hacer reflexionar.

Y toda la situación de los menores fue avalada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que no acudieron escoltados por la Policía, como con sensacionalismo asegura el artículo, sino simplemente acompañados por la Policía Local, porque no sabían dónde estaba la finca. El resultado del estudio y del seguimiento de los profesionales de los servicios sociales de la Administración autonómica, junto con el EMUNE (Equipo Mujer-Menor de la Policía Judicial), fue concluyente: “No existen motivos que justifiquen la acción protectora de esta entidad pública, ya que, aunque la familia tiene un estilo de vida distinto al habitual, los menores tienen cubiertas todas sus necesidades básicas, afectivas y de educación”.

No parece que lo que motive el reportaje sea precisamente la preocupación por la protección de los menores cuando se revela públicamente su identidad completa, sus nombres y dónde viven, vulnerando claramente su derecho a la intimidad.

Nuria Aragón Castro. El Hoyo de Pinares (Ávila)