20 Minutos (España), 28.06.2018

Cinco sacerdotes han pedido públicamente al fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, “que el fiscal Juan Pablo Martínez sea inmediatamente relevado de su cargo, sea sancionado conforme al derecho y su escrito de acusación sea retirado” respecto al denominado caso de los ‘Miguelianos’, abierto contra el fundador de la asociación Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo, por supuestamente liderar una “secta destructiva”.

Estos sacerdotes enmarcan este caso en un nuevo episodio de la larga historia de persecuciones que se han vivido en el seno de la Iglesia Católica en sus 2.000 años de existencia. Los cinco curas conocieron el funcionamiento de Orden y Mandato y defienden la necesidad de “pararle los pies” al fiscal del caso, Juan Pablo Martínez, que presentó un escrito de acusación que han tachado de “aberración jurídica” contra siete personas por considerar al fundador de la organización autor de 21 delitos por los que debe ser condenado a 66 años de prisión, algo que califican de “intolerable en un estado de derecho”.

En concreto, estos sacerdotes son Juan Luis Castón, Eduardo Lostao, José Ignacio Martín, Telmo Lago y Héctor Ramírez. Excepto este último, el resto han comparecido este jueves en rueda de prensa en Pontevedra para testimoniar que la Orden era “era perfectamente normal, dentro de la doctrina y las prácticas de la Iglesia Católica”.

Una trama “corrupta”

Además, han asegurado que se ha llegado hasta aquí por una “trama corrupta” que comenzó hace cincos años por parte de un grupo de sacerdotes que “decidieron acabar con Miguel Rosendo y la Orden y Mandato”. Detrás de todo ello sitúan a Isaac de Vega, que en su día era capellán de la asociación y en la actualidad ejerce en el centro penitenciario de A Lama, y a varios curas del Opus Dei.

Aunque afirman que la cúpula de la Obra no tiene ninguna responsabilidad, sí mantienen que en la actualidad está siendo “cómplice” de la persecución, en la que juega un papel importante el fiscal al que identifican como miembro de esa prelatura de la Iglesia Católica.

Un informe “ilegal”

Los denunciantes mantienen que todo el proceso judicial se inició con una “denuncia camuflada” de Isaac de Vega a través del informe “ilegal” de un detective, además de que el escrito del fiscal es, a su modo de ver, “una réplica de esa denuncia” hecha “con deliberada mala fe” y que “falsea los datos para hacerlos encajar en el esquema de una secta destructiva y despersonalizadora”.

Concretamente, afirman que la Regla Migueliana, la que, según el fiscal, utiliza Miguel Rosendo para anular la voluntad de los miembros de Orden y Mandato, “sólo contiene principios elementales de la doctrina católica”, de modo que “esos miembros del Opus Dei están llevando a juicio a la Iglesia Católica”.

Finalmente, los sacerdotes han pedido “libertad y justicia” para el fundador de la Orden, un “hombre inocente” que lleva 3 años y 7 meses en prisión preventiva. “Miguel Rosendo no puede continuar en prisión preventiva cuando hay evidencias de que el escrito de acusación es, simplemente, falso”, han concluido.