El fiscal pide 66 años de prisión para el gurú de los Miguelianos por 21 delitos

By |2018-05-06T17:11:59+00:002 mayo, 2018|Orden y Mandato de San Miguel Arcángel|

El País (España), Elisa Lois, 2.05.2018

El fundador de la Orden y Mandato San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, en prisión desde el 11 de diciembre de 2014, será juzgado por la Audiencia de Pontevedra por 21 delitos, entre ellos de agresión y abusos sexuales continuados, por los que la fiscalía solicita más de 66 años de prisión. Junto al líder espiritual de la secta, el ministerio público pide sentar en el banquillo a otros seis presuntos colaboradores del gurú religioso de las 17 personas que fueron procesadas por la juez, como las llamadas monjas consagradas Ivana Lima, la superiora; Dolores E.L., fiscal de la orden, e Iria Quiñones.

Además el fiscal ha presentado cargos contra Esteban R.M., padre general de los consagrados y persona de confianza del líder; y contra José Carlos A.M. y Belén E.F., ambos de la junta directiva. Para cada uno de ellos pide dos años de prisión por asociación ilícita, además de considerar al Obispado de Tui-Vigo como responsable civil subsidiario en las indemnizaciones que Miguel Rosendo tendría que pagar a las víctimas.

En un extenso escrito de acusación, el fiscal desgrana la actuación criminal del fundador de la secta Miguel Rosendo basada en el “ánimo de dominar y manipular a sus miembros para someterlos a su voluntad, garantizando su total entrega y disponibilidad, por el uso de violencia o intimidación mediante técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva dirigida a quebrantar total o parcialmente la personalidad de los individuos que en ella iban captando y su capacidad de discernimiento, bajo la excusa de la religión que profesaban, y así satisfacer tanto sus deseos sexuales como ejecutar actos de beneficio personal o lucrativo”.

Sostiene el ministerio fiscal que Rosendo, al que acusa de los delitos de asociación ilícita, 12 contra la integridad moral, cinco de coacciones, y delitos contra la libertad sexual, fundó a partir del año 1989 la asociación que se mantuvo en el tiempo hasta el año 2012 con tales fines y contando con la colaboración del resto de los acusados. Sobre estos últimos, designados como cargos intermedios, la fiscalía asegura que “a sabiendas de sus técnicas de sometimiento de la voluntad y de anulación de la capacidad crítica, colaboraban en los actos de adoctrinamiento, vigilancia y control de sus seguidores”.

Así, y hasta la conformación definitiva de la Asociación Pública Orden y Mandato, los acusados se fueron integrando en el grupo de manera sucesiva, teniendo como punto de partida el negocio dedicado a herboristería y tratamientos no convencionales que el líder tenía repartido en cinco locales de Vigo desde la década de los años ochenta. Originariamente, los miembros tomaron contacto con el fundador al acudir a las consultas y servicios profesionales del acusado como curandero.

Rosendo, según la acusación, “se ganaba la confianza de sus adeptos atribuyéndose facultades sobrenaturales que le permitían manejar el discernimiento y voluntad de sus clientes”, que “se convertirían en semillero” para poder “seleccionar, proponer y conformar el denominado Grupo San Miguel”. En el siguiente estrato de crecimiento del grupo, el acusado “se revela como el Arcángel San Miguel ante sus seguidores, transmitiéndoles que este entraba en su cuerpo y a través de él transmitía mensajes de Dios”. Este descubrimiento, prosigue el fiscal, se convierte en un punto de referencia del grupo, de tal forma que este derivará en el de San Miguel Arcángel.

“Así se inicia un periodo en el que la captación de miembros parte de la procedencia divina de su mensaje, transmitiendo que era la voluntad de Dios”, señala el ministerio público, para pasar a crear la “casa madre” en Santa María de Oia (Pontevedra), donde atrajo a más miembros, en su mayoría adolescentes, hasta convertirse en la residencia permanente de muchos de ellos.

Miguel Rosendo trazó su plan criminal aislando a sus jóvenes seguidores de sus vidas fuera de la asociación, sostiene la acusación. “Los apartó de sus familias, abandonando tanto estudios, trabajo, amigos y vida social y circunscribiendo sus ámbitos vitales a las del acusado”. Todo ello, subraya la fiscalía, apoyándose en la religión católica y encontrando cobijo en el aparato oficial de la Iglesia a través del Obispado de Tui-Vigo, con el que colaboraba en actividades eclesiásticas, actos litúrgicos, coros en iglesias o peregrinajes a lugares de culto. En respuesta, Rosendo logró el soporte y refrendo esta institución católica.