Diario de Pontevedra (España), 16.03.2016

El juzgado de instrucción 1 de Tui ha alzado el secreto de las actuaciones en relación con el caso de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como la secta de los Miguelianos, en la que hay más de una decena de investigados, informaron fuentes del Tribunal Superior de Galicia.

La jueza ha decidido alzar el secreto una vez que se han completado las diligencias de investigación inicialmente previstas y se ha recibido informe de la Agencia Tributaria, y a partir de abril empezará a tomar declaración a testigos y perjudicados.

La causa se sigue por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, contra la Hacienda Pública y abuso sexual, éste último solo con respecto al considerado líder de la organización, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, en prisión provisional desde diciembre de 2014. La secta tenía su sede en un lujoso chalé del municipio pontevedrés de Oia y las exintegrantes de la comunidad relataron en su día cómo, tras “lavarles el cerebro”, el fundador convencía a las mujeres de que “por su semen les llegaba el cuerpo de Cristo”, para subyugarlas y abusar de ellas.

Entre los investigados está quien es considerada su mano derecha, la pseudo monja –no ha sido ordenada como tal bajo el amparo de la Iglesia– Marta Paz, a quien le fueron impuestas, como medida cautelar, comparecencias semanales en los juzgados. Asimismo, figuran en esa lista otros exmiembros de la organización. Algunos de ellos salieron a la palestra para denunciar públicamente abusos sexuales, físicos y psicológicos y tacharon la orden de “secta destructiva”.

Describieron a Miguel Rosendo como una suerte de visionario con grandes dotes de seducción, hasta el punto de que durante años habría tenido “engañados” tanto a sus correligionarios como a la propia Iglesia, que le dio cobijo a su organización, que en su día llegó a aglutinar a unas 400 personas, hasta que estalló el escándalo.

La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel fue reconocida por la Diócesis de Tui-Vigo en julio de 2009 como asociación pública de fieles con derecho diocesano. La Diócesis tuvo conocimiento de unas supuestas “irregularidades” en diciembre de 2012, y para comprobar su veracidad nombró a un visitador canónico.

En su informe se basó la decisión de la Iglesia de apartar cautelarmente a Miguel Rosendo por razones de su “conducta moral”, y no fue hasta que el escándalo de la secta de los Miguelianos que retiró su apoyo a esta organización y a su derivada, llamada Serviam, que se había establecido en Madrid.