Once años para un profesor del Opus por abusar de un menor

By |2018-11-15T17:14:03+00:0015 noviembre, 2018|Opus Dei|

El Confidencial (España), José Mari Alonso, 15.11.2018

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha condenado a un ex profesor de un colegio de Leioa vinculado al Opus Dei a once años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a un alumno del que era su preceptor durante dos cursos escolares, cuando la víctima tenía 12 y 13 años de edad. La pena impuesta a José María Martínez Sanz, numerario de esta prelatura a la que está ligado el centro escolar Gaztelueta, tiene carácter ejemplarizante ya que es superior a los 10 años que solicitaba la acusación particular y a los tres que reclamaba la Fiscalía.

La sentencia supone, además, un duro varapalo para el Vaticano y las autoridades eclesiásticas, que en 2015 cerraron la investigación que ordenó abrir el papa Francisco por los presuntos abusos al determinar que los hechos denunciados no habían sido probados. La Congregación de la Doctrina de la Fe instruyó juicio canónico y la justicia eclesiástica no sólo no condenó al profesor sino que incluso solicitó que se “restituyera el buen nombre y la fama” de este docente, que ejerció en el colegio durante ocho años. Asimismo, el propio colegio es el otro gran damnificado por el fallo, ya que siempre se ha posicionado en defensa del docente al defender también que no había “ninguna prueba que acreditara las acusaciones” del menor. Incluso, a las puertas de la celebración del juicio, que tuvo lugar a principios de octubre, creó una web específica en el que rebatía las acusaciones formuladas contra el profesor en base a las declaraciones de “más de medio centenar de personas” entre “profesores, compañeros de clase y preceptuados del profesor”.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, condena además a Martínez a la inhabilitación absoluta durante once años y a la prohibición de acercarse durante un periodo de 15 años a la víctima, cuya familia tuvo que trasladar su residencia fuera del País Vasco para que su hijo “ganara en tranquilidad” ante el “malestar psicológico intenso” que sufría, y que había sido acreditado por informes médicos y psicológicos. A este respecto, su padre, Juan Cuatrecasas, aseguró que su hijo llegó a tener en mente el suicidio.

La Audiencia Provincial de Vizcaya da por acreditado el relato de la víctima de que el profesor se valió de su faceta de tutor del alumno para abusar sexualmente de él durante las sesiones de preceptuación que se celebraban en el despacho del docente mientras el menor cursaba 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010. En estas tutorías, que se celebraban a puerta cerrada y con una frecuencia inusual, llegando a tener lugar casi a diario, hasta en tres ocasiones por semana, cuando con el resto de alumnos no superaban las “dos o tres veces” al mes, cometió tocamientos de forma continuada para, posteriormente, obligarle al menor a masturbarse ante él e incluso a meterse un bolígrafo por el ano.

Así se refleja como “hechos probados” en la sentencia, de 70 páginas. El fallo señala que los abusos se prolongaron durante los dos cursos sin que “podamos especificar el comienzo”. En todo caso, constata con “seguridad” cómo durante el desarrollo del 2ª curso de la ESO “la frecuencia y la duración de las entrevistas” que el ahora condenado mantuvo con la víctima “aumentó significativamente”, hasta el punto de que “llegó a retirarle de las actividades que estaba haciendo, incluso de las propias clases, para mantener entrevistas en una frecuencia mínima de dos veces por semana y con una duración variable”, pero siempre “superior” a los 15 minutos que dedicaba al resto de los alumnos. En una ocasión, la tutoría “llegó a prolongarse durante 50 minutos”.

En estas sesiones, el profesor, que superaba en casi 21 años al alumno, “comenzó a interesarse por la vida sexual del alumno” y “más concretamente si se masturbaba”. En este contexto, siendo el docente “plenamente consciente” de la autoridad que ostentaba sobre el escolar por su condición de preceptor, y “valiéndose de esta influencia y también del escaso conocimiento que en materia sexual contaba” el menor, en una de las tutorías le ordenó que se sentará encima de sus piernas “con ánimo libidinoso” con el “aparente motivo de examinar juntos las evaluaciones” en la pantalla del ordenador. En este momento, el alumno “sintió el pene del encausado en erección” y se levantó a continuación “asustado”.

La sentencia relata lo ocurrido en otras preceptuaciones, como cuando el condenado le ordenó quitarse la camisa para “comenzar a tocarle por el cuello, el pecho, el vientre y debajo del mismo”, o cuando comenzó a tocarle los muslos, glúteos y genitales por encima de la ropa interior. En otra ocasión, le llegó a mostrar fotografías de mujeres en bikinis o en ropa interior en el ordenador, “instándole al alumno a que se masturbara”. Para ello, “le dio indicaciones sobre la manera de hacerlo”, llegando el menor a eyacular. El abuso más grueso llegó cuando el docente, con “idéntico propósito contra su indemnidad sexual”, le “obligó a colocarse sobre la mesa, a bajarse parcialmente los pantalones y la ropa interior sin poder ver su propio cuerpo, y le obligó a introducirse un boli por el ano”.

Mientras los hechos iban sucediendo, paralelamente, según describe la sentencia, el escolar “era increpado por en torno a cinco o seis alumnos” del colegio por sus “frecuentes y duraderas preceptuaciones”, llegando a cuestionarle de manera “frecuente” si el profesor ‘era su novia’ o si ‘se cascaban pajas’. Asimismo, y una vez había abandonado el colegio después de estos dos cursos escolares de calvario, la víctima recibió varios mensajes en su móvil de excompañeros que proferían expresiones como que ‘iban a follar a su madre, le iban a tirar de un quinto piso y le iban a matar.. etc”.

La pena impuesta por estos hechos es superior a la condena de 10 años que reclamaba la acusación particular por los delitos de agresión sexual y abusos sexuales continuados con el agravante de abuso de superioridad y de confianza. La familia de la víctima va a pedir el inmediato ingreso en prisión del condenado a pesar de que la sentencia no sea firme dada la contundencia de la pena. La Fiscalía, por su parte, había rebajado la petición a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual al considerar que el joven no había mantenido constante el relato de los hechos. El Ministerio Público solicitaba condenar como responsable civil subsidiario al colegio Gaztelueta, que, una vez conocido el fallo, ha emitido un comunicado en el que afirma sentirse “muy afectado” por una resolución judicial que “acata, como no podía ser de otra manera”. En todo caso, deja constancia que “varias instancias que habían intervenido con anterioridad habían desestimado las acusaciones” del menor y anuncia que si la sentencia es recurrida “seguirá colaborando” con la Justicia dentro de su “firme determinación en la lucha contra este gravísimo delito”.

Para justificar la condena de once años, el tribunal apunta a “la gravedad” que revisten los hechos, “cometidos por una persona dedicada a la docencia y, en concreto, a la formación de menores de edad, y que se ejecutan sobre un alumno sobre el que se ostenta una posición dominante con manifestaciones de prevalimiento intenso, de cosificación de su personalidad y de sus emociones”. A este respecto, en una argumentación contundente, alude a la “indudable trascendencia que han supuesto y suponen en la persona del querellante, en su vida, que han conllevado una indudable repercusión en su desarrollo vital como ser humano, que le han provocado un grave trastorno por estrés postraumático, con una sintomatología de temor, miedo, angustia, vergüenza, culpa, con una innegable incomprensión, y que ha provocado el retraso en su formación académica, en su maduración personal y en sus relaciones sociales, provocando su aislamiento”. En definitiva, según concluye, “le han infligido un grave daño y sufrimiento”.

En relación a la demora de la víctima en denunciar los presuntos abusos, la Audiencia replica que no le produce “extrañeza” esta retraso, dado que “ha ido contando los hechos cuando la psicoterapia empleada le ha ido permitiendo afrontarlos, porque se trata de vivencias traumáticas de gran impacto emocional y con una repercusión patológica innegable y grave”. Por ello, rechaza la tesis de la defensa de que fuera un “relato fabulado”. Además, recuerda que la víctima sufrió como consecuencia de estos hechos “un trastorno de estrés postraumático, diagnosticado formalmente desde octubre de 2011, aunque precisó tratamiento psicológico meses antes, y de tratamiento psiquiátrico desde esa fecha hasta la actualidad”.