Diario Información (España), Manuel Atienza, 18.11.1998

El viernes pasado asistí en la Universidad Miguel Hernández de Elche, como parte del público, al concurso para proveer una plaza de profesor titular de Filosofía del Derecho. Algunos amigos me han reprochado mi comportamiento en aquel acto, pues en algunos momentos increpé a los miembros del tribunal por considerar que actuaban con falta de imparcialidad y con desvergüenza profesional. He de reconocer, además, que mi vocabulario, en momentos de cólera, no es distinto al del resto de mis conciudadanos, de manera que el lector podrá hacerse una idea de la forma lingüística que asumió la expresión de mi indignación. No voy a tratar aquí de justificar mi conducta, pero sí aspiro a cierto grado de comprensión por parte del lector, que quizá se haya visto alguna vez ante una situación semejante a la que voy a describir.

Al concurso optaban tres candidatos. Dos eran miembros (profesores titulares) del departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante a la que también pertenezco. El otro era profesor titular de la Universidad de Valencia y decano de la Universidad Miguel Hernández, nombrado para ese cargo por el rector Rodríguez Marín que, como se sabe, fue nombrado a su vez por la Generalitat Valenciana, no mucho después de haber perdido las elecciones a rector de la Universidad de Alicante. Dado que los tres eran ya profesores titulares de la disciplina y que -como los miembros de tribunal repitieron en muchas ocasiones- habían mostrado con anterioridad su capacidad para desempeñar ese puesto, se trataba de elegir no solamente a un candidato apto, sino al mejor, al que tuviera más méritos.

Algún ingenuo podrá pensar que lo que un tribunal debe considerar en tales casos son factores tales como la calidad de las publicaciones de los candidatos, su experiencia profesional -por ejemplo, el tiempo que lleva como profesor titular- o la acreditación oficial de su actividad investigadora (mediante el reconocimiento de los correspondientes tramos. Pero no. El tribunal no mostró ninguna duda sobre la capacidad investigadora y docente de los candidatos procedentes de la Universidad de Alicante, pero encontró en ellos dos grandes defectos: por un lado, los programas de las asignaturas que presentaban eran insuficientemente pluralistas; por otro lado, los programas resultaban sospechosamente parecidos e incluso coincidían en gran medida.

Pues bien, el primer reproche era simplemente falso, como cualquier persona competente en la materia -y honesta- puede constatar con toda facilidad. Y el segundo denota -o denotaría si fuera sincero- una concepción más que preocupante del trabajo intelectual, y en particular, del universitario: si el tribunal tuviera razón, resaltaría que la labor de equipo y la confección de programas comunes «de la misma asignatura» habría que verlo como deméritos para obtener una plaza de profesor.

Como era de esperar, el otro candidato no incurría en tales defectos. Sus méritos, en términos objetivos, podrían ser inferiores pero, al parecer, merecía la plaza -así los determinaron los otros cinco miembros del tribunal- dada su mayor originalidad y su mayor pluralismo. Y aquí, amigo lector, es donde la virtud de la templanza me abandonó. No fui capaz de escuchar sin irritación que era original un candidato cuya investigación -según la presentación que él mismo hizo de su obra- se sintetiza en estas dos afirmaciones: 1) la paz es mejor que la guerra y 2) el legislador debe respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales, según la interpretación que él -Martínez Pujalde- hace de un artículo de la Constitución que dice ni más ni menos que eso. ¡Y qué les parece que a alguien le den una plaza por su mayor grado de pluralismo, cuando resulta que él, el vencedor, es hermano de un diputado del Partido Popular y miembro del Opus Dei y el tribunal está formado -mejor dicho, lo formó el rector de la Universidad Miguel Hernández- por cinco miembros vinculados al Partido Popular y/o al Opus Dei.

Como decía, con lo anterior no pretendo justificar el tono desairado -o, para decirlo todo, más que desairado- empleado con mis colegas. Podría haber optado simplemente por la ironía y festejar el buen humor del presidente del tribunal que ha titulado uno de sus últimos libros «El Derecho como no descriminación». Pero no fue así, y la explicación de que no lo fuera es que me dejé arrastrar por el sentimiento de indignación ante la injusticia más allá, al parecer, de lo que resultaba razonable. Por el contrario, los miembros del tribunal parecen haber seguido el consejo del fundador del Opus Dei que, para ocasiones como ésta, animaba a actuar con santa desvergüenza, una actitud que por lo que se ve, lleva camino de convertirse en lema de la nueva Facultad de Derecho. ¡Quién le hubiese dicho al buen Miguel Hernández que su nombre acabaría unido nada más y nada menos que al del beato Monseñor Escrivá de Balaguer!