MIGUEL A. SÁNCHEZ e IGNACIO GALLEGO, El País, 26.10.1998

Las parejas de hecho están de enhorabuena en Francia. Las buenas noticias que provienen de la Asamblea Nacional no ocultan, sin embargo, que el PACS (pacto civil de solidaridad) ha tenido un duro discurrir hasta llegar a su aprobación. Los ataques al mismo han sido excepcionalmente duros por parte de sectores inmovilistas y ultras; veremos sólo algunos ejemplos significativos. El pasado día 15 de abril se presentó en París una declaración firmada por 12.000 alcaldes franceses en contra del proyecto gubernamental para regular las parejas no matrimoniales. La declaración formaba parte de una gran campaña nacional coordinada por el Colectivo por el Matrimonio Republicano, una organización que afirma estar fuera de toda etiqueta política y que aparece dirigida por el alcalde, perteneciente a la UDF, de la aldea de Felletin (Creuse), Michel Pinton.La carta de presentación del colectivo a todos los alcaldes de Francia estaba firmada por su secretaria general, Isabelle Schneider, “una madre de familia que se prestó espontáneamente a echar una mano”. La rapidez y el éxito de la campaña resultaron sorprendentes, pero, días después de la presentación de la declaración, el diario Libération ofrecía algunas claves para entender el porqué. El periódico parisino informaba que la señora Schneider es más conocida por su nombre de casada, Isabelle Muller, y que con este nombre ejerce como vicepresidenta de la Asociación para la Promoción de la Familia (APPF), una entidad fundada en 1994 por miembros del Opus Dei. Aunque la presidenta de esta asociación, Marguerite Devolvé, ha negado cualquier relación con la campaña, sí es cierto, según Libération, que la APPF trabaja en estrecha relación con el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo Pontificio de la Familia, institución vaticana encargada de luchar en Europa y EE UU contra la legislación de parejas homosexuales. Pese a la actitud aparente de la señora Muller, lo cierto es que, en nombre de la APPF, se lanzó el 26 de marzo pasado un llamamiento en la edición francesa de la revista Familia Cristiana a todos los responsables de asociaciones familiares católicas pidiéndoles que se opusieran a “todo proyecto de vida que nada tenga que ver con la familia”. A ello se sumaba una campaña de faxes “sí a la familia, por los niños del mañana” en contra de la regulación de las parejas homosexuales; en esta ocasión se aconsejaba dirigirse a la asociación “apolítica y aconfesional” Alianza por los Derechos de la Vida, dirigida por Christine Boutin, diputada de la UDF por Yvelines y consultora del ya mencionado Consejo Pontificio de la Familia, que se ocupa, bajo el control del Opus Dei, de la coordinación de las asociaciones familiaristas católicas en todo el mundo. La siguiente ofensiva fue denunciada nuevamente en la portada de Libération a principios del mes de agosto; la asociación Porvenir de la Cultura inundaba con decenas de miles de cartas la residencia del primer ministro Jospin con un lenguaje apocalíptico: “La sodomía es un vicio abominable, contra natura severamente condenado por la Iglesia católica y las Sagradas Escrituras”. Libération, de nuevo, nos otorga las claves de quién está detrás de la campaña: Porvenir de la Cultura pertenece a una secta cristiana de extrema derecha, Tradición, Familia y Propiedad (TFP), cuyos objetivos son, según el centro especialista en sectas Roger-Ikor, oponerse a la reforma agraria en Brasil (su origen es brasileño), luchar contra el marxismo, el comunismo y el socialismo. En España, la campaña vaticana contra la regulación de las parejas homosexuales tomó forma oficialmente con la audiencia que Juan Pablo II concedió a los obispos españoles el pasado 19 de febrero. En aquella ocasión afirmó que “hay que proclamar con firmeza pastoral la verdad sobre el matrimonio y la familia, tal como Dios lo ha establecido, y defender el matrimonio tradicional, un activo irremplazable de la sociedad que no puede estar indiferente ante su degradación o destrucción”. Tras esta proclama inicial, el pasado día 11 de junio se reunió en Barcelona la Conferencia Episcopal Española con el objeto de denunciar el proyecto de ley de uniones estables de pareja, iniciativa legislativa consensuada en el Parlament de Cataluña por la izquierda y la coalición convergente CiU. A las iniciativas de la jerarquía católica se suma la “oportuna” rueda de prensa de la asociación Acción Familiar a finales del pasado mes de mayo, denunciando, tras años de silencio, “una campaña de activistas homosexuales que intenta imponer una legislación que iría en contra de la mayoría de los españoles”, un más que extraño argumento cuando las encuestas del CIS (barómetro de mayo de 1997) ratifican que sólo un 33% de los españoles está en contra de regular las parejas homosexuales y un aún más exiguo 19% está en contra de regular las parejas de hecho heterosexuales. De la misma manera, SOS Familia, la filial española de TFP, realizó su salvaje campaña contra la regulación de las parejas de hecho, aunque ésta pasara prácticamente desapercibida en los medios de comunicación españoles. A la hora de analizar los resultados que esta feroz campaña ha obtenido tanto en Francia como en España podemos encontrar algunas diferencias. En Francia consigue llegar a buen fin el ya mencionado PACS (pacto civil de solidaridad), heredero del anterior contrato de unión social (CUS), muy similar a él, pero centrado en la idea de pareja (tanto homosexual como heterosexual), abandonando, por tanto, la peregrina idea de una regulación abierta a uniones de hermanos, amigos, vecinos o cuñados. Este aspecto dispersador del CUS fue duramente criticado por la prestigiosa socióloga y directora de estudios del EHESS (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales), Irène Théry, defensora de la extensión de los derechos matrimoniales a las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales, y que afirmaba en Le Monde, en noviembre pasado, que “la mala idea del CUS es mezclarlo todo”. Para marcar la diferencia, en España, la ofensiva eclesiástica sí parece hacer mella en el Partido Popular, que después de haber prometido antes de las elecciones una ley de parejas de hecho, de haber defendido lo indefendible con una inútil subcomisión parlamentaria de estudio e innumerables retrasos en el plazo de enmiendas, de haber presentado un texto como el CUS, abandonado ahora en Francia, enmiendan su propio texto cercenándolo aún más. Mientras tanto, la única ley de parejas de hecho, el proyecto de Coalición Canaria, languidece en la Comisión de Justicia, ante la indiferencia de los canarios obtenidos ya los réditos con la imagen de su presentación. El Partido Popular no tiene otra opción; debería retirar su proyecto de uniones civiles (versión española del CUS) y permitir la creación de la ponencia correspondiente para que los partidos, basándose en el texto canario, hagan uso de la responsabilidad de la que ha hecho gala la mayoría parlamentaria que en Cataluña ha consensuado la tan necesaria ley de parejas. Una amplia mayoría social está por la labor, como reflejó una reveladora encuesta de la Comisión Europea realizada en 1994 en la que el apoyo social al reconocimiento legal de las parejas homosexuales estaba encabezado por Holanda, Dinamarca y… ¡España! La sociedad española es de las más abiertas, modernas y tolerantes de Europa, nada raro después de haber sufrido todo lo contrario durante una larga dictadura. Eso sí, parece ser que algunos todavía no se han enterado del cambio y pretenden que España, o quizá se debería decir Castilla, pues Cataluña ya va delante, vuelva a ser la reserva espiritual de Occidente.