El País (España), 17.10.2020

El amor por su hijo parece ser el único motivo que empuja a Juan Cuatrecasas (Bilbao, 1965) a continuar luchando en los tribunales y en los medios contra el abusador de su hijo, José María Martínez, y el colegio del Opus Dei de Gaztelueta (en Leioa, Bizkaia), lugar donde ocurrieron los hechos y que continúa sin reconocer la culpabilidad del docente. Se siente cansado y maltratado tras una década de batallas por dar a conocer la verdad de su caso, y que han estado más cargadas de varapalos que de triunfos. El último ha venido de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, cuando a comienzos de mes rebajó la pena de 11 a dos años de cárcel que la Audiencia Provincial de Bizkaia impuso en noviembre de 2018 a Martínez, lo que implica que no entrará en prisión. La razón: el alto tribunal afirma que, a pesar de que hay pruebas suficientes que demuestran que el docente abusó del menor entre 2008 y 2010, la Audiencia de Bizkaia no respetó su presunción de inocencia al no haber probado suficientemente dos episodios relevantes, aquellos que le inculpaban de agresión sexual y que, según el magistrado, la víctima incorporó a su relato seis años después de haber sucedido, en 2015. De este modo, la nueva sentencia solo condena a Martínez por un delito de abusos sexuales continuados, lo que explica la decisión del Supremo de rebajar la pena. Una decisión que parecer haber hundido de nuevo a la familia Cuatrecasas en unas arenas movedizas de impotencia de las que creían haber salido.

“Las víctimas cuentan lo que han padecido cuando pueden y no cuando quieren. Es algo que la mayoría de expertos en abusos han demostrado con estudios. Además, mi hijo ha dado un triste récord de credibilidad para el equipo forense del juzgado de casi el 100% y el Supremo no pone en duda que Martínez abusó de él. ¿A qué están jugando? No lo entiendo y no tienen la decencia de explicarme cómo una persona que ha abusado de un menor no vaya a la cárcel y que no se le haya inhabilitado para estar en contacto con niños. Es inaguantable”, cuenta Cuatrecasas enérgicamente en una entrevista telefónica con este diario. El magistrado del Supremo, Manuel Marchena, justifica su decisión de la siguiente manera: “Asumir como propia la credibilidad del testimonio de la víctima por lo que dictaminan los expertos de la acusación supone declinar a su favor el proceso de valoración probatoria”. “No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a 11 años de privación de libertad”, dictamina Marchena.

Han pasado varios días desde la publicación del fallo y Cuatrecasas se encuentra abatido por la situación. Su familia lleva varios días sin pegar ojo tanto por la nueva condena como por las reacciones de varios sectores que defienden a Martínez. Una carta que el docente ha hecho pública tras la sentencia ha dinamitado su estado de ánimo. En ella, Martínez se declara inocente y perdona a su denunciante. “¿Cómo es posible que un condenado por abusos sexuales continuados a un menor diga que perdona a la víctima porque es buen cristiano y nadie diga nada? Esto me causa malestar. Es como si salen los de La Manada diciendo que perdonan [a la chica que agredieron sexualmente]”, compara el padre.

Por otro lado, el condenado, que reitera su inocencia, declara en dicho escrito que el pronunciamiento del Supremo ha sido “un auténtico mazazo”, ya que, aunque la pena de cárcel se le ha rebajado a dos años, la justicia lo señala como un abusador de menores. El abogado de Martínez, Eduardo Ruiz de Erenchun, ha afirmado a este diario que “con toda seguridad” su cliente interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “Desde que se me acusó, hace ya nueve años, he vivido condenado al estigma de la culpa, de la sospecha y del rechazo. Y todo ello por un delito monstruoso que no he cometido. He tratado de llevar todo esto con visión cristiana, sin rencor y perdonando”, asevera en la misiva. Unas palabras que han llenado de malestar al padre de la víctima, que señala a la orden que gestiona el colegio de utilizar todos los recursos que tienen a su mano con el único fin de limpiar su imagen. “Al Opus Dei no le interesa ni la víctima ni el pederasta, lo que le preocupa es tener que reconocer que ha habido un delito de pederastia en su seno y pagar una indemnización”, acusa Cuatrecasas.

Las declaraciones del condenado están empujando al padre del afectado a plantearse la posibilidad a denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Están vulnerando todos los principios jurídicos que hay contra la infancia. Están faltando al respeto a una víctima de un abusador reconocido por el Tribunal Supremo de España”, dice. Por otro lado, afirma que ya está estudiando junto a sus abogados acciones legales para revertir la decisión del alto tribunal. “No voy a detenerme. Está en juego la salud de mi hijo. Y yo, por él, lo doy todo”, subraya tajantemente.

Cuatrecasas, también presidente de la asociación nacional de víctimas Infancias Robadas, explica que “la gravedad” de esta decisión jurídica va más allá de su caso. Al sentar jurisprudencia, teme que a partir de ahora cientos de abusados en España frenen sus intenciones de denunciar ante los tribunales. “Están haciendo un flaco favor a las víctimas. Todo el camino que habíamos recorrido para conseguir que la gente denunciase se ha deshecho”, opina.

“Sufrí amenazas por la calle cuando denuncié”

El relato que narra el padre de la víctima sobre los hechos que se sucedieron tras denunciar los abusos se asemejan a un purgatorio de amenazas y descrédito. Lo primero, asevera, por gente afín al profesor y lo segundo por parte del colegio. “Sufrí amenazas en la calle. Dos de ellas fueran denunciadas. Una de ellas ante la Fiscalía del País Vasco con foto”, cuenta. Después, el centro educativo creó una web para seguir el caso y defender la inocencia del docente. Nunca ha reconocido los hechos, ni en 2018 cuando la Audiencia de Bizkaia condenó a Martínez por pederastia ni ahora cuando el Supremo ha ratificado que el profesor cometió abusos. “El relato del menor no es creíble”, llegó a pronunciar el director del colegio, Juan Anguisola, hace dos años en una entrevista a este diario. “Este colegio no debería estar recibiendo subvenciones como colegio concertado diferenciado y debería estar cerrado. No hay derecho. Están atentando contra una víctima”, comenta Cuatrecasas. De momento, el Opus Dei ha preferido guardar silencio y no se ha pronunciado sobre la condena. Por otro lado, Ruiz de Erenchun ha asegurado que el docente no forma parte del centro desde hace años “para no perjudicarle con la causa” y que “el Opus como institución no ha tomado ninguna decisión” sobre el tema.

El menor reveló todo lo sucedido cuando tenía 14 años y los padres ya le habían cambiado de colegio tras no estar de acuerdo con la línea educativa del centro del Opus Dei. Junto a los abusos, también relató que, durante sus años en el Gaztelueta, sus antiguos compañeros le hacían bullying. El acoso escolar, cuentan, siguió años después a través de la red. “Sufrimos aislamiento e incluso tuvimos que cambiar de localidad. En cuanto denunciamos, nuestra vida cambió por completo”, narra el padre. Comunicaron lo sucedido al director del colegio, ante la Inspección de Educación del Gobierno Vasco y a la Fiscalía de Menores, pero no denunciaron los abusos “por prescripción facultativa” ya que afrontar un proceso judicial podría traer graves consecuencias de salud al menor. Durante ese tiempo, el centro envió al docente a Australia para “aprender inglés”. En 2012, la Fiscalía activó una mediación y encontró culpables de acoso escolar a dos antiguos compañeros de la víctima. Ese mismo año, tras destaparse el caso en una investigación de El Mundo, el fiscal superior del País Vasco abrió el caso de abusos, pero lo archivó provisionalmente por falta de pruebas.

Paralelamente, en 2014, el papa Francisco escribió una carta al menor e inició un proceso canónico. Tras una corta investigación eclesiástica envuelta en polémica por la intermediación de el sacerdote Silverio Nieto como interrogador, la Congregación para la Doctrina de la Fe decidió cerrar el caso por no ver delito. El Vaticano pidió entonces que “se restableciera el buen nombre del profesor”. Finalmente, en 2015, cuando la víctima cumplió la mayoría de edad, presentó una denuncia y el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Getxo (Bizkaia) imputó a Martínez por pederastia. En estos últimos años, se ha demostrado hasta en dos ocasiones la culpabilidad del docente en los tribunales, pero tanto el Opus Dei como la Iglesia no ha pedido perdón a la víctima ni ha reabierto el caso canónico. La postura y las acciones que ha tomado la jerarquía eclesiástica hasta ahora, cuenta Cuatrecasas, no van a frenar que su familia siga pidiendo justicia. “No sé qué trampas trucadas está jugando esta gente, pero este tipo de presiones a las que nos han sometido durante años, este juego sucio y esta chulería del pederasta no lo voy a consentir. No tengo miedo. No me pienso callar. Si me cortan la lengua, hablarán las piedras”, exclama el entrevistado.