La Vanguardia (España), Eusebio Val, 19.02.2021

Francia, sociedad abierta y liberal, orgullosa de algunas de las conquistas de su Mayo del 68, siempre ha sido tolerante con la vida sexual de sus dirigentes. Pero el contexto actual hace que ciertas conductas que antes podían ser consideradas como simplemente libertinas adquieran ahora la categoría de graves delitos. Es lo que ha sucedido con Georges Tron, de 63 años, un político conservador que ha sido condenado a cinco años de cárcel –tres de ellos de cumplimiento efectivo– por agresiones sexuales y violación de una subalterna.

El caso Tron se arrastra desde hace diez años. Tuvo entonces un gran eco mediático porque estalló en paralelo al del socialista Dominique Strauss-Kahn, a la sazón director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue detenido en Nueva York acusado de violar a una limpiadora de su hotel, episodio que frustró su probable candidatura al Elíseo.

Tron, un hombre de derechas, de porte elegante y cabello plateado, fue diputado en la Asamblea Nacional, secretario de Estado de la Función Pública durante la presidencia de Nicolas Sarkozy y alcalde de Draveil, una localidad de la periferia sur de París. Su prometedora carrera política se torció a raíz de la denuncia de dos colaboradoras en Draveil.

Según las empleadas municipales, el alcalde, conocido por su afición a la reflexología, prodigaba los masajes terapéuticos en los pies de sus colaboradoras, si bien no siempre se detenía en esas extremidades. Realizaba también tocamientos en otras partes más íntimas y penetraciones digitales, a veces en presencia o con la participación de la teniente de alcalde de Cultura, Brigitte Gruel, condenada en el mismo juicio a dos años de cárcel suspendida. Estos juegos eróticos duraron entre el 2007 y el 2010. Tenían lugar en el despacho del alcalde, en el domicilio de Gruel o incluso en restaurantes.

En el primer juicio, Tron y Gruel fueron absueltos, otro éxito para el abogado defensor, Éric Dupont-Moretti, el reputado penalista que hoy es ministro de Justicia. El tribunal admitió que en el Ayuntamiento de Draveil reinaba “un clima general hipersexualizado”, pero no halló pruebas de que el juego erótico fuera forzado, contra la voluntad de las empleadas.

En el juicio de apelación se corrigió el veredicto, aunque solo se apreció el delito cometido contra una de las víctimas. Un jurado compuesto mayoritariamente por mujeres dio la razón a una de las denunciantes. No se constató violencia física, pero sí apreció una violencia moral, el hecho de que Tron y Gruel usaran su posición de autoridad, sus altos cargos, para imponer de facto a su subordinada participar en las fantasías sexuales. El alcalde y la responsable de Cultura han negado siempre las acusaciones y las han atribuido a un complot político en el Ayuntamiento para apartarles.

Uno de los abogados defensores en este segundo juicio, Vincent Ollivier, estimó que la sentencia “es un mensaje de alivio para mi clienta y un mensaje de esperanza para otras mujeres que están en esta situación”. El letrado destacó el precedente que se sienta, el hecho de que “el vínculo de subordinación, la condición de dependencia económica, sea algo que deba tenerse en cuenta al apreciar la existencia de consentimiento o no consentimiento de una relación sexual”. Tron ingresó de inmediato en prisión. La empleada a la que no le fue reconocida su condición de víctima de un delito abandonó el tribunal muy alterada tras conocer la sentencia.

El desenlace del caso Tron se produce en un momento de extrema sensibilidad en la opinión pública francesa ante los abusos sexuales y las relaciones no consentidas. En las últimas semanas han surgido múltiples denuncias de incesto que afectan a personajes conocidos. Se está rompiendo la ley del silencio en este tema. En esta atmósfera, el Parlamento se dispone a aprobar una modificación del Código Penal que castigará toda relación sexual de un adulto con un menor de 15 años. No se tendrá en cuenta si ha habido o no consentimiento. La permisividad de las costumbres y el relativismo moral dejarán de ser un salvoconducto para cometer abusos.