New York Times (Estados Unidos), Manuela Lavinas Picq*, 2.10.2020

*Especialista en política indígena y América Latina. Profesora asociada visitante de Ciencias Políticas en Amherst College.

A medida que el coronavirus se propagaba por la Amazonía en marzo, la organización evangélica Misión Nuevas Tribus de Brasil comenzó a organizar una misión al valle de Javari, una región remota cerca de la frontera con Perú, que alberga la mayor concentración de pueblos indígenas del mundo.

Con un helicóptero recién adquirido, el grupo supuestamente planeaba contactarse con la tribu korubo que vive en el valle en aislamiento voluntario y convertirla al evangelismo. La operación corría el riesgo de propagar el coronavirus y otras infecciones peligrosas a personas altamente vulnerables a enfermedades transmitidas por forasteros. Los misioneros organizaron vuelos al valle de Javari hasta finales de marzo. En abril, un juez brasileño les prohibió a ellos y a otros grupos misioneros ingresar al área. (En respuesta a las críticas, el grupo negó que planeaba contactar a tribus aisladas y afirmó que no trabaja con pueblos aislados).

Existe una conquista evangélica en América Latina, y en la lucha por la hegemonía religiosa la Amazonía es un premio codiciado. Según una encuesta, actualmente los evangélicos superan en número a los católicos en la región. Los misioneros evangélicos también están entrando en la política, con la intención de facilitar el acceso a las últimas tribus.

En febrero, el presidente Jair Bolsonaro nombró a Ricardo Lopes Dias, un misionero evangélico de Misión Nuevas Tribus, y ahora antropólogo, para que encabezara la Coordinación General de Indios Aislados y Recién Contactados de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Lopes Dias ahora está posicionado para convertir los objetivos evangélicos en políticas. Es probable que su nombramiento haya envalentonado a grupos misioneros para llegar a tribus aisladas.

No es la primera vez que la Misión Nuevas Tribus de Brasil —sucursal de New Tribes Mission en Estados Unidos, que ahora se llama Ethnos360— ha arriesgado propagado enfermedades junto con la palabra de Dios.

Por décadas, la misión ha forzado el contacto con comunidades indígenas con el fin de convertirlas. El grupo trabajó con el Summer Institute of Linguistics para traducir el Nuevo Testamento a idiomas indígenas y establecer iglesias en aldeas aisladas. Durante muchos años, el gobierno brasileño intentó proteger a las tribus que decidieron vivir aisladas y sin estas incursiones. Pero ahora el mismo gobierno está respaldando a los misioneros.

En la década de 1980, después de que la Misión Nuevas Tribus contactó al pueblo zo’é en el norte de la Amazonía brasileña, aproximadamente un cuarto de los zo’é murieron por enfermedades. La FUNAI expulsó a aquellos misioneros a principios de los 1990, pero algunos permanecieron y en 2015 fueron acusados ​​de utilizar a los zo’é como mano de obra esclavizada para recolectar nueces de Brasil en una plantación que pertenecía a la misión.

En 2014, Warren Scott Kennell, un exmisionero del grupo, fue condenado a 58 años de prisión federal por el abuso sexual de niñas de una tribu indígena en la Amazonía y filmar los actos.

Hasta el nombre de la revista de la Misión Nuevas Tribus —Brown Gold—, fundada en 1943, dice mucho sobre su enfoque conquistador.

Lopes Dias insistió en que su pasado con los misioneros no influiría en su trabajo en el gobierno, pero el antropólogo Edward Mantoanelli Luz, el hijo del presidente de Misión Nuevas Tribus de Brasil reconoció que ha hecho cabildeo para que “cambie formalmente” la política establecida en el artículo 231 de la Constitución brasileña, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas de permanecer aislados.

Los pueblos indígenas del valle del Javari denunciaron el nombramiento de Lopes Dias como “punta de lanza” de un genocidio. Su coordinador, Paulo Marubo, afirma que el proyecto de Lopes Dias es facilitar la entrada de misioneros en tierras indígenas, y teme que la FUNAI se convierta en una herramienta de proselitismo religioso en la Amazonía.

Las misiones van en contra de la política de la FUNAI de respetar el aislamiento de los pueblos indígenas que se niegan a tener contacto, contra su derecho constitucional a no ser asimilados, y en contra de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los misioneros no solo están difundiendo la palabra de su dios. Sus acciones deshacen la autodeterminación de los pueblos indígenas. En su libro Praying and Preying, la antropóloga brasileña Aparecida Vilaça explica que las dos cosas —rezar y depredar— van de la mano: los misioneros “civilizan” prohibiendo la medicina ancestral, la espiritualidad y la cultura.

En Bolsonaro han encontrado un aliado poderoso. El presidente brasileño se declaró minero de corazón, ha prometido asimilar a los pueblos indígenas de la Amazonía y los ha comparado con animales. Está abriendo territorios protegidos a la minería, una acción que los líderes indígenas amazónicos calificaron de genocida. Bolsonaro, quien fue bautizado en el río Jordán en 2016, apostó por el voto evangélico para ganar las elecciones. La salud indígena no está en su agenda, como lo demostró al vetar algunos artículos de una ley para garantizar camas hospitalarias y servicios básicos como agua potable a las comunidades indígenas durante la pandemia.

Puede que las misiones evangélicas sean complementarias a sus objetivos, pero empezaron mucho antes. Los evangélicos han estado controlando la salud de los indígenas durante décadas, afirma Marta Azevedo, antropóloga y expresidenta de la FUNAI.

Cuando el gobierno del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva creó la Secretaría Especial de Salud Indígena dentro del Ministerio de Salud en 2010, las leyes laborales prohibieron el envío de personal médico a territorios indígenas remotos por periodos prolongados.

Entonces, el gobierno subcontrató la mayoría de la atención médica indígena a otro grupo de evangélicos —la Misión Evangélica Caiuá (“al servicio del indio, para la gloria de Dios”), que durante décadas había estado brindando asistencia médica a las comunidades indígenas en el estado de Mato Grosso, en el sur de la Amazonía. El gobierno proporcionó los fondos y la Misión Caiuá los administró. Según un artículo de The Intercept, hoy la Misión Cuaiá ejecuta contratos millonarios y su presupuesto se ha multiplicado por doce en cinco años. Solo otra ONG recibe más fondos del gobierno federal brasileño que esta. En otras palabras, a los lobos se les paga por cuidar a las ovejas.

El sistema es un fracaso y la salud indígena está más precaria que nunca. El mayor peligro ahora es que tanta gente muera de la COVID-19 que podría resultar en la aniquilación de grupos étnicos y tribales enteros. En abril, mientras aumentaban los casos del nuevo coronavirus, un fondo especial de 4,7 billones de reales (o dos millones de dólares) creado para proteger a las comunidades indígenas del enfermedad todavía no se había gastado. En cambio, la FUNAI aprobó una política que autoriza la ocupación y venta de tierras indígenas.

El gobierno brasileño debe detener cualquier forma de apoyo a los misioneros que intentan llegar a los pueblos indígenas aislados y se debe impedir que los misioneros decidan sobre asuntos indígenas, tanto a nivel local como federal.

La única forma de avanzar es respetando los derechos indígenas a la autodeterminación, lo cual fácilmente se logra simplemente al aplicar la ley. Si la conquista evangélica continúa, las pérdidas pueden ser irreparables, y no solo para los pueblos indígenas sino también para la diversidad de la especie humana.