El Mundo (España), 2.10.2020

En diversos momentos de las últimas décadas se han producido abusos sexuales contra niños y adolescentes en diversas congregaciones e instituciones religiosas en Cataluña y la mayoría de víctimas todavía tiene secuelas. Es la principal conclusión de la comisión para estudiar abusos sexuales en el marco de la Iglesia impulsada por el Síndic de Greuges y que ha recibido quejas de personas relacionadas con diversas organizaciones religiosas como Jesuitas, Benedictinos- Abadía de Montserrat, Claretianos, Escuela Pia, La Salle, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Hijos de la Sagrada Familia.

El síndic en funciones Rafael Ribó presentó en el Parlament el informe de la comisión que se creó para intentar conseguir la reparación de las víctimas, ya que muchos casos han prescrito judicialmente, así como la prevención para que no vuelva a ocurrir. Así, remarcan que se ha facilitado a los afectados y sus familias un espacio para que expliquen su experiencia y se les orientó cuando se tuvo claro los efectos físicos, psíquicos, económicos y morales que sufrieron por estos abusos. Sin embargo, la comisión señala que de la documentación estudiada se deduce un número de víctimas mayor que las que fueron al Síndic por lo que consideran, siguiendo otros estudios sobre abuso infantil en España y Cataluña, que el porcentaje de casos denunciados es inferior al 10%, sin que sean “una excepción” los cometidos en instituciones religiosas.

Siguiendo las denuncias recibidas, la comisión remarcan que la mayoría de casos son hombres que tenían entre 5 y 17 años cuando sufrieron los abusos y que la mayoría se cometieron en las décadas de los 60 y 70, aunque hay dos casos correspondientes a los 90. A excepción de tres casos, el resto fueron reiterados y duraron años y tuvieron lugar en excursiones, salidas a la montaña, campamentos, encuentros de escoltas, ejercicios espirituales o en internados. En alguna ocasión en algún domicilio particular. En algunos casos narrados, el abusador tenía una relación de confianza con los padres de la víctima.

El estudio remarca que las víctimas afirman que los abusos sexuales eran una práctica habitual y que afectaban a otros menores. Además coinciden en que el abusador era una persona cercana, que se ganaba la confianza de las víctimas y sus familias y con muy poco control y supervisión por parte de la institución religiosa. También destacan que tenían una forma de actuar similar, con las mismas técnicas y palabras, para ganarse la confianza de los más vulnerables.

Algunas de las víctimas han sufrido consecuencias psicológicas graves, como problemas en sus relaciones afectivas o sexuales, ansiedad, depresión y otros trastornos, relacionadas con los abusos, así como daños físicos o perjuicios económicos. Todos los afectados han denunciado a la institución los abusos y han mostrado su insatisfacción por la respuesta recibida. Por eso las víctimas reclaman una disculpa por parte de la congregación y que controlen para que su situación no se repita. Sólo dos en dos casos que acudieron a la comisión se pidieron compensaciones económicas.

El Síndic constata que la respuesta de las congregaciones religiosas a estas peticiones vehiculadas por la comisión ha sido “diversa, lenta y en algunos casos insuficiente”. Destacan que algunas no han ofrecido información sobre investigaciones internas y otras han expresado su voluntad de reparación, además de que han tenido reuniones con Jesuitas, La Salle y la Escuela Pia. En general, la comisión señala que no han encontrado una “actitud proactiva” por encontrar más casos dentro de las instituciones ni una disposición a establecer vías de reparación con las víctimas, salvo alguna excepción como la Escuela Pía. Por eso los afectados muestran cierta desconfianza.

La psicóloga Noemí Pereda, que participó en la comisión, remarcó que los abusos “son producto de una estructura y una organización que permiten hacerlo; no son casos aislados” y por eso cree que la Iglesia “debe modificar esta falta de transparencia y poco respeto a los derechos y la comunicación con niños y niñas”. Además, identificó como “factores de riesgo” que posibilitan estos abusos el hecho de que las instituciones sean “cerradas”, no haya “una comunicación fluida” entre los miembros de estas organizaciones y no se “escuche” a los menores.

Entre las recomendaciones que lanza el informe, se pide al Parlament que cree una comisión de investigación que esclarezca casos de abuso aunque éstos ya hayan prescrito; se recuerda a las administraciones públicas que deben “garantizar la protección de los menores en todos los espacios de vida”; y se reclaman a la Iglesia “procedimientos transparentes y confiables” para resolver esta problemática.

El estudio también señala que varios obispados y congregaciones religiosas con presencia en Cataluña tienen procedimientos para la prevención de los abusos sexuales infantiles, como protocolos o comisiones específicas. Destacan que en algunas instituciones el mecanismo es el adecuado pero en otros hay deficiencias, ya que parece que “la prioridad está puesta en la prevención de riesgos y la defensa jurídica, como en el caso del protocolo de La Salle”.