Panamá América (Panamá), 4.09.2020

Fuerzas especiales del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), están tras la pista de Lorenzo Santos, señalado por miembros de la comunidad de los Llanos de Amador, como el cabecilla de la supuesta secta religiosa, que hace semanas atrás mantuvo a tres menores secuestrados.

Así lo manifestó el director general del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Ramón Nonato López, quien indicó “mantenemos presencia con 10 unidades de Fuerzas Especiales y un helicóptero, patrullando las comunidades aledañas en la Comarca”. Según el director general del Senan, “lo hacemos de día y de noche en busca de esta persona, para llevarla ante las autoridades correspondientes”.

También agregó, que desde el día 14 de agosto mantienen presencia en la comunidad de los Llanos de Amador, junto con la Fiscalía de Homicidios de la provincia de Chiriquí y Comarca, tratando de ubicar las supuestas fosas comunes en el área del Guayabal y luego de conversar con la supuesta fuente no hay indicios que certifiquen la existencia de tales fosas.

“En ambos casos podemos decir, hasta ahora, que hemos recibido ayuda de la comunidad, las autoridades comarcales y los Bugodays, (policías comarcales), por lo que seguimos haciendo nuestro trabajo”, agregó López. Hasta la fecha, al menos cuatro indígenas de la comunidad de Guayabal de Ñürüm en la comarca Ngäbe- Buglé, de ser encontrados culpables, podrían pasar hasta 20 años tras las rejas por los delitos de abuso sexual y maltrato al menor.

Un juez de garantías en la provincia de Chiriquí, ha imputado cargos a cuatro personas: dos hombres y una mujer identificados como Nicolás Santos García, de 41 años y Valerio Santos, de 38 años; mientras que una juez de Menores imputó cargos a un menor de edad de 17 años.

A los hombres se le imputaron los delitos de maltrato al menor como cómplice primario y violación en calidad de autores; mientras que a Victoria Santos García, de 24 años, como autora del delito de maltrato y en el caso de violación en calidad de cómplice secundario.

De acuerdo al código procesal penal de Panamá, por el delito de abuso sexual (violación) la pena va de 12 a 18 años de prisión, mientras que por el delito de maltrato de 2 a 4 años; y si existe agravante, de 3 a 6 años, lo que indica que ambos delitos se sumarían, totalizando más de 20 años de prisión para estas personas.

Los tres primeros imputados hasta ahora han sido representados por  defensores públicos asignados por el estado panameño, desde el momento de su aprehensión.

En tanto, en una audiencia, la juez de Menores, Margarita Camargo, ordenó la detención provisional del menor de 17 años de edad de la etnia Ngäbe que fue capturado por el Senan y otros estamentos de seguridad, al tiempo que le imputó cargos por los delitos de maltrato y contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de violación en perjuicio de un menor de 10 años.

Como medida cautelar, se ordenó la detención provisional por un periodo de nueve meses, mientras que el término para desarrollar la investigación se fijó en tres meses.