El País (Costa Rica), Allen Pérez, 22.07.2020

No habría escrito este ensayo si el fundamentalismo cristiano de corte neopentecostal no aspirara a ejercer algún dominio sobre los poderes públicos del Estado, o, a ejercer alguna influencia impropia en ellos, conforme lo podría denunciar la clásica doctrina liberal de la política y del funcionamiento democrático de la sociedad en su conjunto, en su compleja heterogeneidad. Esta intrusión o potencial injerencia es un desafío a la paz colectiva.

Vivir en sociedad no es fácil, nunca lo ha sido, y es una empresa que no avizora en su horizonte siquiera un modesto edén o una humilde arcadia. Y hay temas muy sensibles -como la política y la religión- que pueden complicarlo todo, causar angustia, por tener cargas emocionales de alto y peligroso voltaje que no rara vez inducen a comportamientos irracionales y violentos. La religión en particular puede ser problemática.

El esfuerzo de estas páginas es la crítica de esa iglesia que sueña en convertir el púlpito en gobierno y/o políticas públicas. Entonces, ¿por qué no conviene que lo religioso, como iglesia o institución, tenga las manos libres para participar en el ruedo electoral que define los poderes públicos en una democracia? La respuesta no anda lejos: porque sería antidemocrático, discriminatorio y autoritario.

Antidemocrático, porque desconoce el sustrato plural de toda sociedad; discriminatorio, por favorecer una cosmogonía sobre otras; autoritario, al imponer una moralidad sectaria al conjunto de la comunidad. En suma, porque los 3 señalados antivalores violentan lo que a mi juicio es el andamio central de toda constitución política democrática: el principio de igualdad ante la ley.

Casi toda ley fundamental del mundo garantiza el derecho a la igualdad, asunto que al oído del ciudadano suena a una sentida justicia, como si le perteneciera y ay de aquél que se atreva a transgredirla o arrebatarla, porque ello sería la negación de alguna libertad y la afirmación de alguna discriminación.

El liberalismo político puso un freno histórico y relativo a las confesiones religiosas, pues se excluyó a estas de toda legitimidad como para detentar el poder público y ser fuente de derecho positivo, aunque, por otra parte, se consolidara el derecho humano a ser creyente, místico o devoto, o, en términos más amplios, a creer y a no creer sin temor a represalia alguna.

Creer o no creer nunca debe ser un delito. Por supuesto, el religioso como ciudadano en una democracia tiene la libertad -y en ocasiones hasta el deber- de participar en política, incluso al de ser electo a un cargo público. Nada diferente al derecho de un ateo, un agnóstico o un indiferente. El ciudadano es ciudadano en virtud de una ley constitucional que es omisa del gusto religioso o de su ausencia. Se trata de una indiferencia activa que busca proteger la igualdad, la libertad y la convivencia pacífica.

No es que lo religioso sea merecedor de un gratuito desdén. Más bien es todo lo contrario: es un área fundamental del saber y del sentir humano. Desde siempre el homo sapiens ha sido un animal religioso, asunto de enormes consecuencias en lo social y en lo simbólico, tema que se las trae en toda cultura y región del mundo.

Lo religioso se traduce a todo lo largo de la historia universal como aquello que es un sistema de creencias, símbolos y costumbres que orbitan alrededor de lo divino, concepto éste entendido en sentido amplio, pues trasciende lo exclusivamente cristiano y monoteísta. Pero dada la naturaleza subjetiva -pronunciadamente íntima- de la fe religiosa, conviene que las estructuras religiosas no se involucren en la administración de los poderes públicos del Estado aunque puedan opinar sobre cualquier tema.

Con tropiezos y resbalones, incluso con inconsistencias, los Estados con una ideología democrática burguesa avanzaron en Occidente la causa del Estado laico. Este progreso no fue accidental y se tejió a la ventana de algunos siglos. Recordemos.

Si antes, durante los largos periodos que correspondieron a la Baja y Alta Edad Media (desde el siglo V hasta el XV), la Biblia fue en Occidente la fuente ideológica principal para resolver los deberes y las dudas de la vida pública y privada, dicha visión llegó poco a poco a ser sustituida por las luces de la ciencia, el arte, el comercio y la vida urbana.

Lo cierto es que el Renacimiento con su ethos revolucionario centrado en el ser humano y no en la revelación, hizo presagiar la inminente llegada de la modernidad. El parto fue doloroso, fresco de una sangrienta odisea, sus guerras religiosas y el inevitable adiós al “viejo orden”. Si los monarcas se elegían por derecho divino, de pronto estos eran guillotinados o supeditados a obedecer al parlamento, órgano depositario del único soberano: el pueblo. Así, violento, nació el mundo que hoy conocemos.

En el brutal alumbramiento de la democracia contemporánea, millones de personas fueron llevadas a mortíferos tormentos. En lo ideológico, el ideal democrático de la modernidad se incubó como una negación radical del derecho divino que asistía a los detentadores del poder político, a la vez que expresó la simbólica coronación del pueblo en reemplazo de Dios como el gran ojo del nuevo orden social. Claro, la religión y el clero siguieron siendo fundamentales para la gente solo que ahora con consecuencias menos gravosas. En todo caso, el suplicio de las masas fue mayúsculo.

Si hay algo que detesto de la Historia es su costumbre de vestirse con sangre, incluso para augurar el advenimiento de épocas optimistas. No hay duda de que los siglos XVII y XVIII son en Europa el parteaguas entre lo divino y lo secular, entre la política y la religión, entre el poder absoluto y el mando democrático. Esta conquista de la modernidad ha permitido una mejor coexistencia entre la religión y la política, entre la religión y la ciencia, pero siempre amenazado este convivio por los recuerdos del absolutismo divino y, por supuesto, por los absolutismos seculares modernos como lo son las dictaduras con sus repertorios de fobias y exclusiones.

Mi tesis es de decir sencillo: ha de contribuir a la urgente necesidad de un mundo menos violento si el Estado y la religión -cualquiera sea- conviven cada uno en su esfera particular. Mientras el primero pertenece a la política pública que por definición incumbe a todos los ciudadanos, el segundo es materia que corresponde a convicciones exclusivamente subjetivas o personales aunque despierte una curiosidad pública y pueda normar la vida de sus adeptos. En el fondo, esta es la brega a enseñar.

El debate no es sobre la bondad y la maldad de los dogmas religiosos, sino sobre los límites jurídicos de las estructuras e instituciones que diseminan dichas convicciones. Decretar ámbitos de acción es propio del derecho y del Estado de derecho. La persona física y cualquier asociación no religiosa tampoco están exentas de regulaciones. Hay, sin embargo, grupos que tuercen esta frontera. El neopentecostalismo destaca entre ellas.

El cristianismo de esta denominación sería, simplemente, un punto de vista, otra tendencia teológica entre no pocas, aunque ahora cuente con muchos seguidores y abundantes recursos monetarios. Pero en Centroamérica y otros lugares de nuestro continente la teología ha pasado de ser una opinión para convertirse en una amenaza a los principios democráticos y, por ende, al propio Estado de derecho.

En Costa Rica seguimos cometiendo serios errores. Primero, porque seguimos siendo un Estado confesional (artículo 75 de la Constitución Política); segundo, porque el TSE ha sido omiso e irresponsable en cuanto a la prohibición que tienen las confesiones religiosas de hacer campaña electoral, tal y como se verifica en el párrafo tercero del artículo 28 del mismo cuerpo legal el cual dispone que: “No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”. Restauración Nacional y Nueva República son partidos religiosos, tácitamente admitido por sus voceros, y probablemente en el 2022 sigan burlando la carta magna. Ello no es bueno para la democracia y menos para los derechos humanos.