El País, Barcelona – 26/10/1985

Los responsables de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Generalitat se excedieron al cumplir las instrucciones del juez de guardia cuando entregaron a siete miembros de la secta Ceis (Centro Esotérico de Investigaciones) a sus familiares para su ingreso en un centro psiquiátrico, pese a ser mayores de edad y a que no existía ningún informe médico que aconsejara su internamiento. Esto afirma el auto de procesamiento dictado por el juez José Escolano López-Montenegro, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, contra el director general, Lluís Renau; el subdirector general, Caries Torras, y el funcionario Antoni Tarrida, a quienes se acusa del delito de detención ilegal cometida por funcionario público.

El conseller de Gobernación, Macià Alavedra, afirmó en octubre de 1984 que en aquella entrega los Mossos d’Esquadra (policía autonómica) habían actuado «de acuerdo con las instrucciones verbales del juez», en su respuesta a una pregunta formulada por el diputado de la oposición socialista Francesc Casares. Y agregó que «los funcionarios de la Generalitat se limitaron, a petición de los familiares y con la aquiescencia de los propios afectados, a acompañarlos hasta Corbera de Llobregat».El 20 de junio de 1984 la policía autonómica procedió a detener a un numeroso grupo de miembros de la secta Ceis y a registrar varios domicilios ocupados por éstos. Al juzgado de guardia pasaron 14 detenidos, mientras otros siete -los hermanos Elena, Concepción y Víctor Riera Blume, Amelia y María Luz Casado Pérez, Teresa Sales y Javier Bruna Reverter-, «junto con unas personas menores de 18 años», fueron llevados a las dependencias de la dirección general, para continuar las investigaciones.

«Como quiera que Carles Torras, subdirector general de dicho organismo, y Antoni Tarrida [un funcionario de la dirección general, pero no un policía autonómico], que habían participado materialmente en las diligencias de entrada y registro y detención hicieron patente al juez de guardia que varios de los que consigo tenían, podrían llegar hasta el suicidio, al ver desarticulada la organización y detenidos en el juzgado a sus dirigentes, el juez, ante tan graves manifestaciones dio la orden verbal, reiterada por escrito el 26 de junio, de que las personas ligadas de alguna forma a la secta, que hubieran quedado en libertad provisional, fueran entregadas a sus familiares recomendándoles en caso necesario, para los que fueran mayores de edad, que de forma voluntaria ingresaran en algún centro psiquiátrico para devolverles su estabilidad psíquica», dice al auto, al que ha tenido acceso este diario.

Pese a que los siete citados eran mayores de edad y sobre ellos no pesaba ninguna acusación, y a pesar de las instrucciones del juez -el entonces titular del Juzgado de Instrucción número seis, César Planas, contra el que también se han querellado los miembros de la secta- en relación a la voluntariedad de su tratamiento, «prevaliéndose de tal orden, Antoni Tarrida, en connivencia con Lluís Renau, a cuyas órdenes directas actuaba y que estaba presente aquella noche en las dependencias de la dirección general, atento a lo que ocurría, junto con Carles Torras, ordenaron el traslado al hostal Can Rafel, sito en el término municipal de Corbera de Llobregat, por lo menos a 30 kilómetros de Barcelona, en sitio aislado, agreste y lejano del casco urbano, los referidos mayores de edad ( … ), cuyo traslado se hizo espectacularmente en la madrugada del 21 de junio, de uno en uno, viajando en automóviles oficiales custodiados en cada caso por dos mossosd’esquadra, sin indicarles el motivo del viaje y el lugar de destino, causándoles el consiguiente temor».Información exagerada

 

 

El auto afirma que no consta que fuera real, «y en todo caso evidentemente exagerado», el cuadro del grave estado emocional de los deteniddos que Torras expuso al juez. Las instrucciones del juez, añade el auto, tenían «fines tuitivos» y no atentaban a la libertad de las personas.

Al llegar al citado hostal, «preparado desde varias semanas antes por Tarrida», dice el auto, siendo «tal sitio buscado de propósito para su internamiento, fueron entregados los detenidos a sus familiares, a los que en todo momento, y desde antes de contratar el hostal, se les había hecho saber por Tarrida que la entrega sería perfectamente legal y contaría con la autorización judicial pertinente, y para confirmar todo ello, al día siguiente o al otro, recibieron y firmaron unas actas en las que se decía que tal entrega se hacía por haberlo así dispuesto el juez César Planas». En las actas, «confeccionadas por Tarrida con el beneplácito de Renau y Torras, se hacía constar que era patente el estado de desorientación de los entregados, sin que hubiera precedido examen o dictamen médico». El auto añade que el 29 de junio, Torras, acompañado de Tarrida y de una letrada requerida de oficio, se personó en el hostal y recibió declaración a las personas llevadas allí contra su voluntad, «a las que se trató como detenidas».