QUICO ALSEDO| MADRID| EL Mundo, 18,12,2008

¿Monjas o no monjas? ¿Trabajadoras o simples voluntarias? El rosario de juicios en torno a la congregación de la Virgen de los Dolores de El Escorial (Madrid), juzgada este año por presunta secta, vivió ayer un nuevo capítulo en la vista acerca de las 80 religiosas que trabajan en sus cuatro residencias, ninguna de las cuales está de alta en la Seguridad Social.

Ellas alegan que son voluntarias, que trabajan «para alcanzar la santidad» y que lo dan «todo sin pedir nada a cambio». La abogacía del Estado sostiene que reciben remuneración en especie, tienen horario, vacaciones y una jerarquización. Que viven de la empresa y, por tanto, tendrían que cotizar como los demás. Se las acusa de fraude al Estado.

El juicio llevó el folclore eclesial a los juzgados de lo Social de Madrid, que acogió a cuatro de estas religiosas, ataviadas con sus hábitos y falditas. No monjas, como admitieron ellas mismas: la congregación no ha sido reconocida «por la santa madre Iglesia», con lo que estas mujeres sólo pueden ser «seglares consagradas» disfrazadas de falsas monjas.

Y el folclore se reprodujo a la salida de la vista, con un enfrentamiento a voces entre Miguel Martínez, presidente de la fundación Vírgen de los Dolores -originada por las visiones de Amparo Cuevas-, y Juan Carlos Bueno, muñidor de la mayor parte de pleitos contra la supuesta secta y hermano de uno de los residentes. Bronca aderezada, por cierto, por la huelga de funcionarios de Justicia, que incrementó el griterío a la salida de los juzgados.

La inspección de Trabajo inició de oficio el proceso, que quedó ayer visto para sentencia. El Estado sostiene que en la relación entre la fundación y las monjas hay «voluntariedad, remuneración y dependencia». Que la mayoría de ancianos de las residencias paga por estar allí, por lo que hay un lucro. Que existe incluso un contrato entre la fundación y la asociación que agrupa a las «madres reparadoras».

La congregación alega que algunos residentes no pagan, y los que sí dan «cantidades pequeñas». Que las mujeres no viven en las propias residencias, sino en casas anexas. Que ellas tienen un voto «de pobreza y obediencia» que justifica su sumisión a la jerarquía, personificada por su «superiora», una mujer llamada María Capilla. Que ellas responden ante la asociación y no ante la fundación. Sin embargo, la acusación mostró un vínculo contractual entre ambos entes.

Para Trabajo, se trata de un fraude a la Seguridad Social. Las propias monjas admitieron ayer actuar como lo harían contratadas, con jornadas aparentemente laborales y desempeños igualmente jerarquizados.

El juicio, en el número 21 de lo social, quedó visto para sentencia y terminó a la salida en enfrentamiento entre los dos bandos. Allí, los Bueno increparon a Miguel Martínez, presidente de la fundación, porque su hermano José Luis se encuentra aún «secuestrado por esta gente, con su voluntad anulada».

Finalmente, Juan Carlos Bueno aprovechó las cámaras para mostrar varias pintorescas fotos de la vidente Amparo Cuevas supuestamente llorando sangre, y se produjo un nervioso intercambio de palabras.

Y otra querella contra la «secta» de El Escorial

Más madera contra «la secta». La Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial vuelve a la carga y anunció ayer a los medios que prepara una nueva querella contra la vidente Amparo Cuevas, que asegura haber visto a la «madre de Dios» más de un centenar de veces. El motivo: los presuntos malos tratos que habrían sufrido en el lugar dos menores de 11 y 15 años, residentes junto a sus padres en la comuna de La Magdalena, en San Lorenzo de El Escorial. Según la asociación, la menor de 15 años denunció ante los Servicios Sociales de San Lorenzo el pasado 15 de mayo a sus padres y a un supuesto cura ligado a la organización. La niña, siempre según esta versión, habría contado que su hermano había recibido una brutal paliza de manos de sus padres, y que ella misma era torturada por las noches para coser por su madre.

Juan Carlos Bueno aseguró que supo de los hechos a través de las madres de las amigas del colegio de la afectada, y que acto seguido presentó denuncia ante la Guardia Civil, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Defensor del Menor.

Este último, al parecer, decidió abrir el pasado junio dos expedientes de investigación para esclarecer los hechos y comprobar la existencia de los supuestos malos tratos. El Defensor ya realizó un informe en el pasado contra la congregación, tachándola de «ambiente inadecuado para el desarrollo de los menores».