PABLO ORDAZ, – Madrid – EL País, 16/11/1998

No le han pagado el copyright a la mafia, pero la técnica viene a ser la misma. Expertos de la policía y de asociaciones de lucha contra las sectas destructivas en España sospechan que los principales grupos de manipulación psicológica, fundamentalmente de ultraderecha, están tratando de introducir a sus adeptos en la admistración pública y en las principales empresas privadas. El objetivo: aumentar su poder de influencia en la sociedad. Eliseo Gutiérrez Ávila, inspector jefe del grupo antisectas, y María Rosa Boladeras, presidenta de AIS (Asesoramiento e Información sobre Sectas), coinciden en que el peligro radica en la sumisión de los fieles: «Si tienen que elegir, obedecerán a su mesías».

El inspector Gutiérrez Ávila lo tiene difícil, muy difícil. Su trabajo consiste en demostrar que un ciudadano ejemplar -con nombre, apellidos, domicilio conocido y una brillante hoja de servicios- se dedica a sustraer información sensible de un organismo público por orden del líder de la secta a la que pertenece. Una secta que no sólo no se reconoce como tal, sino que -y aquí viene el más difícil todavía- figura inscrita legalmente en España, bien en el registro de entidades religiosas o en el de asociaciones culturales o deportivas.»Yo tengo el convencimiento moral», asegura el inspector jefe, «de que la nueva táctica de las sectas destructivas pasa precisamente por ahí: por aprovecharse de los fieles que trabajan en lugares relevantes de la Administración». También se tienen noticias, admite el policía, de que determinados grupos sectarios -principalmente de ultraderecha- están formando a cuadros de mando para introducirlos en empresas privadas. Pero Eliseo Gutiérrez no puede dar nombres. Ni siquiera los de las sectas sospechosas. «Lo terrible», reflexiona, «es que este tipo de grupos se beneficia precisamente de la libertad de creencias que existe en España para captar adeptos, dinero, poder; muchos de ellos para inculcar sus ideas totalitarias».

De ahí que el pasado martes, en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se encontrara en la difícil papeleta de hablar de sectas destructivas sin nombrar a ninguna, de ofrecer cifras de su implantación en España -más de 200, más de 100.000 adeptos- sin poder desvelar el origen de sus datos. Falta en España un listado oficial de sectas, de grupos que utilizan de manera deliberada las técnicas de manipulación de la personalidad para conseguir dinero y poder. La policía y los grupos más serios de lucha contra las sectas tienen que recurrir a los listados de los parlamentos francés y belga -por citar dos ejemplos cercanos- para saber qué se considera secta en Europa y qué no. Aquí sólo se sabe que el fantasma existe, pero no el castillo en donde habita. Al menos, oficialmente.