FRANCISCO MERCADO El País, Madrid – 10/04/1989

La Iglesia de la Cienciología poseía abundante información, en ocasiones reservada, sobre la Iglesia católica, el Gobierno y la Administración central. La policía investigará si estos datos fueron filtrados por topos de la secta. Los sospechosos, por ahora, son un letrado del Congreso, una secretaria de la Audiencia Provincial, un inspector jefe y un subdirector del Ministerio del Interior que se interesó por un cienciólogo detenido. Esta secta recibió antes que la policía datos reclamados a la Interpol y obtuvo documentos secretos de la investigación parlamentaria sobre este fenómeno, según medios implicados en este caso.

La policía investiga, asimismo, una presunta operación Blancanieves de la Iglesia de la Cienciología para acceder a archivos oficiales de la Administración y sustituir datos negativos sobre la secta por otros positivos, según fuentes conocedoras de la investigación. Estos informantes señalan que existen precedentes de tales procedimientos en otros países. Fernando Muniesa, asesor de esta secta, manifestó, preguntado por estas acusaciones, que no tiene constancia sobre su veracidad, y defendió el derecho a crear un banco de datos.La policía detalla así el material intervenido en noviembre de 1988 en la sede de “OTL Iberia, de la Iglesia de la Cienciología (Dianética)” situada en la calle Alonso Cano, número 74: “Al ser revisada por los inspectores encargados del caso, lo consideraron de importancia para los hechos que se investigan”. Una carpeta contenía “organigrama de las organizaciones diocesanas de la Iglesia Católica, relación de obispos, informe sobre la Conferencia Episcopal y fotografías de jerarquías eclesiásticas”; más sendas carpetas con “organigrama de la Administración central, composición del Gobierno socialista; direcciones y fotografías de altos cargos de la Administración central y las fichas de los altos cargos de los ministerios de Justicia; del entonces denominado Administración Territorial; Industria y Energía y de Interior. De este departamento, poseían no sólo fichas de los altos cargos -incluido el anterior ministro, José Barrionuevo- sino el organigrama interno.

Del Congreso de los Diputados, se intervino el organigrama de la secretaría general y la relación de diputados, así como quiénes componen las distintas comisiones. También se halló una relación de senadores. El afán de esta secta por documentarse se extendía a la coalición Izquierda Unida, de la que tenían una fotografía del ex diputado de esta formación Ramón Tamames, y al Partido Popular, sobre el que guardaban diversos recortes de Prensa.

Finalmente, la policía intervino un manual, con el nombre de Justicia de HCO (cuartel general político), “correspondiente a una política de Ron Hubbard”, padrede la secta, en el que se “explica cuáles son las normas a seguir por el personal de HCO en cuanto a la recopilación de todo tipo de datos sobre personas, organismos y entidades que pudieran ser contrarias a la filosofía de Cienciología”. Ese documento en el apartado Investigación, refleja la conducta que debía seguir la organización contra sus detractores: “Cuando las cosas van incorrectas y nosotros no sabemos por qué, nosotros recurrimos a investigación cuando necesitamos cazar a alguien, nosotros investigamos. Por medio de la sola investigación nosotros podemos contener amenazas y aplastar gente fiera”.

 

 

Investigadores espiados

 

 

Cabe recordar que tanto el juez, los policías, una diputada y un abogado que investigan sobre esta secta han sido objeto de un presunto caso de espionaje -cuestión que ya ha sido denunciada- sobre sus vidas y finanzas por la Iglesia de la Cienciología, e incluso un detective cienciólogo intentó sonsacar a periodistas para demostrar supuestas incorrecciones del magistrado José María Vázquez Honrubia al instruir este caso.

“El referido documento viene a explicar una de las políticas de Hubbard sobre métodos de investigación y justifica la confección por Cienciología de las carpetas anteriormente reflejadas”, explica un informe policial. Este asunto, según fuentes de este caso, es investigado actualmente sólo por dos inspectores jefes, que, ante la insuficiencia de medios, se limitan a “separar el grano de la paja” de la abundante documentación intervenida y aún no han podido investigar su procedencia, ni analizar otros informes más comprometedores.