Detienen en Mercedes a un miembro de la secta Niños de Dios

By | 2012-04-15T14:02:54+00:00 5 julio, 1997|La Familia|

La Nación (Argentina), Laura Zommer, 5.07.1997

Un presunto violador de menores, que aseguró ser miembro de la agrupación Hijos de Dios, fue detenido ayer en Mercedes, informaron fuentes de la Policía Bonaerense.

Se trata de Arturo Godoy, de 50 años, apresado por efectivos destacados en la localidad de Franklin, partido de Mercedes, acusado de privación ilegítima de la libertad, violación y corrupción de menores.

Según sus propios dichos ante la instrucción, el acusado pertenece a una secta judía -no especificó cuál- que admite como normal el sexo entre mayores y niños. Aseguró, además, haber “tenido contacto y participación” con los Niños de Dios.

En la casa del acusado se secuestró un cortapapeles de bronce con la estrella de David y la inscripción en relieve de la palabra Israel, cuatro libros impresos en hebreo y un pasaporte a su nombre.

UNA AGRUPACIÓN PELIGROSA

La secta Niños de Dios nació en Suecia, inspirada por David Brant Berg, luego conocido como Moses David y finalmente como reverendo Mo, cuya vida estuvo rodeada de conflictos judiciales y pedidos de captura de varios países.

Esta secta actúa clandestinamente, ya que no es reconocida como grupo religioso por la Secretaría de Culto.

Además, ha sido acusada en reiteradas oportunidades de prácticas sexuales con participación de menores y ésa fue la razón por la cual periódicamente se realizan, en todo el mundo, operativos judiciales tendientes a establecer el grado de veracidad de las denuncias.

Sin embargo, no siempre resulta fácil reunir las pruebas, ya que existe una cierta complicidad entre víctimas y victimarios.

Esta secta se caracteriza por mantener una convivencia prolongada y estrecha con los adeptos, que incluye el lavado de cerebro, el sometimiento a un régimen de vigilancia minucioso y un completo aislamiento del mundo exterior.

En septiembre de 1993, el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich ordenó que fueran puestos bajo custodia 300 menores que se encontraban retenidos por el grupo religioso Comunidad La Familia, que sería un desprendimiento de la secta Niños de Dios.

En julio de 1995, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja presentado por la fiscalía contra la resolución de un tribunal que había dejado en libertad a 21 miembros.

Marquevich había decretado la prisión preventiva de esas personas, ya que consideró que había pruebas de que los integrantes de la secta inducían a las mujeres a la prostitución y a la corrupción a sus propios hijos, a quienes habrían hecho vivir en promiscuidad y mal alimentados.

INDAGARÁN A GROSSO POR CONCESIONES

Usurpación: un juez citó a ex funcionarios y a empresarios por la ocupación indebida de espacios públicos.

El ex intendente Carlos Grosso, el ex titular de Manliba Francisco Macri, el director del club Gimnasia y Esgrima e importantes empresarios de la noche porteña fueron citados a indagatoria por el juez de instrucción que investiga la usurpación de espacios públicos y las concesiones ilegales del parque Tres de Febrero.

Con esta resolución, el juez Ricardo Farías le dio la razón al fiscal José María Campagnoli y al presidente de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, Osvaldo Guerrica Echeverría, que denunció en noviembre de 1994 “la virtual privatización del 18 por ciento de la superficie de espacios verdes” de ese tradicional paseo.

Esta causa estuvo en manos de otros dos magistrados que se declararon incompetentes antes de llegar al despacho de Farías.

Campagnoli pidió en cuatro oportunidades que se indague al ex intendente porteño y a funcionarios de distintas administraciones municipales por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en algunos casos, de cohecho. Parece que llegó el momento de que Grosso informe a la Justicia.

LOS IMPUTADOS

Entre las 19 personas que integran la lista de citados se incluyó al ex director general de la Secretaría de Planeamiento Urbano Oscar Genovesi. A criterio del magistrado, también “existe mérito suficiente” para indagar a los empresarios Pablo Grinbank, Ricardo Fabre, Gustavo Cosentino, Guillermo Balsas, Diego Rabufetti, Julia y Norberto Tomassini, entre otros.

Según consta en el expediente, que tiene como querellante al defensor del pueblo, Antonio Cartañá, los dueños del Paseo de la Infanta, del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), de los Arcos del Sol, del club Bajo Belgrano, del bar Odeón, de Manliba, de Gym Park, de la confitería Guindado y de la Cooperadora Hogar de la Joven “ocupan ilegalmente predios que forman parte del dominio eminente del Estado”.

Por las irregularidades descubiertas durante la investigación, el representante del Ministerio Público le remitió una carta -hace ya cuatro meses- al jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, “para que haga uso de su poder de policía y desaloje a los usurpadores y termine con las construcciones clandestinas”.

“A lo largo de la investigación surgió la participación criminal de funcionarios municipales de todos los niveles. Justamente la complicidad de autoridades que deberían ejercer el control dieron la razón de ser a la precariedad e ilegalidad”, comunicó el fiscal.

A raíz de esta denuncia, el jefe de Gobierno encomendó a la Dirección de Concesiones y Privatizaciones el relevamiento de toda la zona, para tomar una determinación.

“Ninguno de los imputados se presentó hasta el día de hoy pese a que fueron citados. En estos días todos están tomando conocimiento de la causa y designando defensores”, confió una fuente judicial.

Eduardo Guarna, de la Defensoría del Pueblo, festejó la decisión: “Estas indagatorias ayudan a terminar con una continua usurpación del parque que deberá resolver el actual gobierno”.

PIDEN QUE SE DETENGA AL CONCEJAL PICO

El presidente del Concejo Deliberante y primer candidato justicialista a legislador, José Manuel Pico, espera que el juez de instrucción Raúl Irigoyen no cumpla con lo que ordenó la Sala I de la Cámara del Crimen.

Si lo hace, el funcionario debería ser detenido e indagado por los delitos -no excarcelables- de comandar una asociación ilícita y de estafas reiteradas.

Los camaristas Edgardo Donna, Carlos Tossini y Guillermo Rivarola, que el 20 de marzo último revocaron el sobreseimiento del edil, ordenaron al juez que “tome medidas urgentes para cumplir con las diligencias pendientes”.

Sin embargo, Irigoyen se tomó licencia y el expediente iniciado el 22 de diciembre de 1994 sigue a la espera de decisiones.

La resolución de la Cámara, a la que accedió La Nación , resolvió en favor del fiscal José María Campagnoli una queja por retardo de justicia. Según el representante del Ministerio Público, “las pruebas de esta causa están exactamente igual desde julio de 1995”.

El querellante Eduardo Guarda, letrado patrocinante de la Defensoría del Pueblo, manifestó que “ya no quedan más excusas. No cabe otro acto procesal que el indicado por la Cámara. Pico tendrá que responder por sus actos”.

Ocurre que esta causa, en la que se investigan las estafas cometidas por la empresa San Sebastián, que construía obras en contravención con el visto bueno de funcionarios municipales, perjudicó a por lo menos 520 personas.

ESTAFA

Doce personas fueron procesadas en octubre último por Irigoyen. Para los camaristas, Pico y otros 19 imputados deberían correr la misma suerte. Antonio Nicolosi y José María Pintos, director y gerente general de la empresa constructora, respectivamente, están detenidos. El gerente de ventas, Jorge Granja, estuvo en prisión 14 meses y recuperó su libertad. En cambio, el comisario Alberto Pozzo, de la División Documentación Personal, está prófugo.

Según consta en el expediente, la organización delictiva funcionaba así: “Un grupo encaraba obras prohibidas en connivencia con funcionarios, para venderlas fraudulentamente durante su construcción a gran cantidad de compradores y finalmente intentar el registro de mensura, previo a su escritura mediante documentación falsificada”.

Pico, ayer, prefirió no hablar sobre su eventual detención. Su vocero informó que no estaba en el país. Su abogado defensor, Roberto Ribas, alegó que “todavía no hay una resolución definitiva”.