El Sol de México (México), Baltazar Pérez Sánchez, 31.01.2012

El delito de la trata de personas, conocido como la “nueva esclavitud”, se refiere a la captación, el transporte, el traslado y la recepción de personas en contra de su voluntad, con fines de explotación sexual, explotación laboral y extracción y comercio de órganos humanos y adopciones ilegales.

Y basta adentrarse un poco en este tema entre las noticias y reportajes de Internet para percatarse de la pesadilla que millones de personas sufren en este momento como víctimas de estas organizaciones de delincuentes. Aquí vamos.

Según los datos disponibles de la ONU, hasta dos millones de mujeres y niñas traficadas al año. La Policía ha desmantelado redes de tráfico humano en China, Nigeria, Haití, y en México, según la Fundación Nacional Para la Investigación de Niños Robados o Desaparecidos, cada año desaparecen 45 mil niños con fines de explotación sexual, trafico de órganos, trabajos forzados o adopciones ilegales.

Por su parte, la Fundación de Padres y Madres de Niños Perdidos cifra en 500 mil los niños perdidos en los últimos siete en México, que es conocido ya como el nuevo Tailandia.

De qué tamaño será el problema, tratándose de un negocio muy lucrativo, que según estimaciones es el tercer giro negro más rentable, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. En el mercado negro el precio de los niños oscila entre los 50 y los 150 mil dólares. Razón suficiente para que muchos funcionarios con mentalidad de pobre, se meta al negocio.

En Jalisco, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, enfatizó que Cihuatlán, Tomatlán y en general la Costalegre, así como la Zona Norte por el área de San Cristóbal, es en donde se acentúa el problema de los trabajos forzados, mientras que -agregó- en Puerto Vallarta está más pronunciado el fenómeno de la trata de niños con fines de explotación sexual, que se manifiesta en la existencia de redes de prostitución y pornografía de menores.

El problema es ya desde hace tiempo de dimensiones internacionales, por ejemplo esta el caso de la secta de Los Perfectos, que pertenecen a la Iglesia Cristiana Restaurada, y mediante la creación de organizaciones civiles para la protección de la familia, han creado una gran cantidad de centros de atención a niños huérfanos o maltratados, como pantalla para operar toda una red de explotación, prostitución y tráfico de menores.

La Iglesia Cristiana Restaurada ha creado una estructura nacional de albergues sustentada en asociaciones civiles, lo que le ha permitido abrir con distintos nombres decenas de refugios: Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer y el Menor, Reintegración Social, AC, Amor para Compartir, La Casita, Desarrollo Integral del Individuo, Refugio de Amor, Esperanza para la Familia, entre otros, en el DF, Nuevo León, Quintana Roo y quién sabe en cuántas entidades más.

En estos albergues como el de Casitas del Sur, en el Distrito Federal, desde 2007 fue denunciada la desaparición, primero de una niña, luego otra hasta llegar a 14 niños perdidos. El albergue era dirigido por personal de la Iglesia Cristiana Restaurada.

¿Y la justicia? En Nuevo León la secta Los Perfectos fundó tres albergues, con la razón social Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (CAIFAC), donde las autoridades judiciales no han girado ninguna orden de aprehensión a pesar de las evidencias y testimonios.

En Cancún, desde 2005 han desaparecido 11 menores y los internos rescatados denunciaron abuso físico y sexual. La directora del centro -Patricia Seoane de Bretón- y la representante legal -Leydi Yolanda Campos Vera- fueron acusadas de privación ilegal de los menores. Incluso, ésta fue acusada de proteger al pederasta Jean Succar Kuri cuando era subprocuradora de Justicia del estado de Quintana Roo.

¿Y la justicia? Ambas fueron indiciadas por retención ilegal de menores y, posteriormente, absueltas. La Casita de Cancún no fue cerrada y siguió operando e incluso con la misma directora.

En México, argumenta Mayra Rojas, directora de Infancia Cancún, no hay una instancia real que atienda a los menores. No es posible que existan asociaciones privadas como “las casitas”, que puedan tener acceso a niños desde el Estado, y que el Estado no dé un seguimiento a lo que pasa con ellos”.

Tenemos niños desaparecidos y nadie se hace cargo del asunto a nivel federal, nadie investiga y nadie se mueve.

En Jalisco, tenemos el caso del albergue Hijos de Presos, en donde a decir del presidente de la Fundación e Investigación de Niños Desaparecidos, Juan Manuel Estrada, la directora del mismo, una supuesta religiosa, disponía de los niños a su antojo, cambiándolos de nombre, prestándolos al mejor postor, bajo la figura de “padrinos” y por ello decidieron desaparecerlo. Hay elementos de prueba y convicción, responsables con nombre y apellido, por lo que luego de sendas reuniones en Casa Jalisco, donde sabían lo que ocurría en el albergue decidieron cerrarlo.

Pero eso no es lo peor -afirma- en el cierre de este albergue, el IJAS se gastó 40 millones de pesos del erario público. Todo está documentado, y las pruebas las tiene la Femitra, hubo desvío de recursos públicos, aplicados a una asociación civil. Y lo más grave es que no hubo ni una sola denuncia. ¿Y la justicia? Pero no es un caso aislado. Ya hay denuncias ante la Comisión de los Derechos Humanos en Jalisco donde se señalan sería irregularidades contra el Consejo Estatal de Familia de Jalisco. No es cualquier cosa: son 18 quejas donde se habla de tráfico de infantes.

De hecho, está la denuncia al hoy senador por Jalisco, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez y su esposa la diputada federal Joana Novoa de Cárdenas Jiménez, que fueron señalados por el titular de FIND, José Manuel Estrada y el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, de estar coludidos en el trafico de 60 menores a igual número de parejas de Irlanda, en Chapala, Jalisco y con el tráfico de otra cantidad indeterminada de niños a la ciudad de Colima. Se le señala de influir junto a su esposa en la adopción irregular de menores y en la venta de éstos a extranjeros, con lo que se desmiente lo dicho por el actual gobernador, Emilio González, respecto a que los niños desaparecidos no habías estado en albergues oficiales.

Ya es hora de que las autoridades que procuran e imparten justicia hagan su trabajo, y busquen a los delincuentes responsables, pero no fuera, sino dentro de las instituciones, porque al parecer éste es su mejor escondite.