El País (España), Ginés Donaie, 5.02.2000

La Junta de Andalucía va a encomendar a sus servicios jurídicos que estudien si la sentencia de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ordena el regreso inmediato de una niña de 12 años con sus padres adoptivos y el abandono de la familia de acogida con la que convive desde el verano de 1997, vulnera preceptos de la Ley del Menor aprobada por el Parlamento andaluz. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, manifestó ayer en Jaén que el fallo podría ir contra los derechos más elementales de la infancia. “Los niños deben ser oídos, y esta niña no fue escuchada”, dijo.Con todo, Pérez Saldaña dejó claro el acatamiento de la sentencia por parte de la Junta de Andalucía, aunque “el fondo no nos parece el más adecuado”, dijo. El principal punto de discordia de la sentencia es, a juicio del consejero, la interpretación que hace el magistrado en el sentido de que el interés de la menor no tiene porqué coincidir con sus deseos.

“Los derechos de la menor tienen tanta importancia como el derecho a la tutela o a la paternidad”, replicó ayer Pérez Saldaña, quien recordó que la familia de acogida de Benamaurel (Granada) había sido el mejor hogar encontrado por la menor, tras el “fracaso” de anteriores acogimientos y, por su supuesto, dando por descontado su rechazo al retorno con los padres adoptivos del pueblo sevillano de Bormujos, a los que la Junta expedientó por el desamparo de la menor. “Ahora le toca actuar al Poder Judicial”, remachó Pérez Saldaña.

Resquicio legal

Precisamente, el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, enfatizó ayer en Sevilla que su intención era buscar “un resquicio legal con amparo constitucional para que no se vulnere la tutela efectiva de una ciudadana de 12 años”. Flores también vio con desagrado que la Sala Sexta de la Audiencia sevillana tildara de rebelde al juez Francisco Serrano y aseguró que en materia jurídica “no hay rebeldía, sino discrepancia”.

Precisamente el juez Serrano aseguró ayer que no volverá a suspender la ejecución de la sentencia que ordena el regreso de María Ángeles con sus padres adoptivos, como hizo en noviembre de 1998. El titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla se podría enfrentar a una grave sanción o incluso a la imputación del delito de obstrucción a la justicia.

Serrano lleva otros casos similares y también con la Sala Sexta de la Audiencia por medio. En concreto, Serrano ha ordenado el análisis psicológico de una niña de siete años que fue retirada por la Junta de la custodia de su padre, perteneciente a la Colonia Níño Sergio, del grupo religioso Gran Fraternidad Universal. El caso es idéntico: la sentencia ordena que la pequeña regrese con su padre biológico y abandone a su familia de acogida en Bollullos de la Mitación. Ahora, parece poco probable que el juez Serrano suspenda también la ejecución de la sentencia.