El Sol de México (México), Arlette Gutiérrez, 27.05.2012

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió la urgencia de atender la violencia que se registra contra niñas y niños que son utilizados en ritos sectarios y que se necesita crear mecanismos para conocer el número de pequeños que están expuestos a la influencia de sectas religiosas en las que en las que por adoctrinamiento y enajenación, se puede atentar contra su integridad física y psicológica.

Luego de que se registraran hechos de violencia en distintos ritos, uno en Sonora, donde se encontraron los cuerpos de niños y otro en San Agustín Atlapulco, Estado de México, donde se causó la pérdida de la visión de un infante, dicho organismo consideró preocupante que padres y madres expongan a sus hijos e hijas a prácticas sectarias que les generan afectaciones físicas, cuando es en ese núcleo en el que más se debería resguardar su integridad.

El organismo señaló que es necesario cumplir con la obligación del Estado para la instrumentación de medidas para garantizar que niñas y niños  se vean protegidos contra toda forma de violencia, sobre todo ahora que son más vulnerables por las condiciones de precariedad y violencia que se viven en el país.

Y es que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que el Estado está comprometido a asegurar la protección y el cuidado necesarios para el bienestar de la infancia, «teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley».

La violencia contra menores no es nueva en el Distrito Federal y es que cabe recordar que en la ciudad operaba la secta de la Iglesia Cristiana Restaurada, que fundó un número indeterminado de casas hogar en el país, entre ellos la «Casita del Sur», lugar del cual 11 niños y niñas fueron desaparecidos y por lo cual en abril de 2009 la CDHDF emitió la Recomendación 4/2009, sobre las niñas y los niños que de ahí fueron extraídos; a la fecha sólo dos han sido localizados.

La CDHDF advirtió que todas estas situaciones muestran la debilidad de los sistemas de protección a los derechos de la infancia, para prevenir, documentar y sancionar, la influencia negativa que producen los actos señalados, por lo que urgió a las autoridades federales y locales a brindar una atención especial al respecto.