El País, Anabel Díez, 8.03.2012

La iniciativa no es nueva, se repite cada legislatura; la novedad está en que el PSOE se ha unido a la petición del BNG de revisar los acuerdos con la Santa Sede. Los votos socialistas, junto a los del BNG, el resto de los grupos de la izquierda, y de UPyD, no han sido suficientes ni de lejos para tumbar la poderosa mayoría del PP que, además, contó con los votos de CiU. No se revisará nada pero en la comisión de Exteriores quedarán reflejadas más razones por las cuales una parte del Parlamento pide una defensa más estricta de la laicidad del Estado.

El Congreso de los Diputados “insta al Gobierno a iniciar las conversaciones oportunas con los representantes de la Iglesia Católica para modificar los acuerdos internacionales suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979”, señala la proposición no de ley con un texto acordado entre el diputado socialista Juan Moscoso y la diputada del BNG Olaia Fernández. La diputada de UPyD Irene Lozano recordó que en el programa de su partido figura “la supresión de los acuerdos con el Vaticano”, además de defender una escrupulosa neutralidad del Estado y la protección de la libertad religiosa. En las argumentaciones de la izquierda se apela a la defensa de “todas las creencias y de las no creencias”.

Si el PP no la hubiera rechazado, el Gobierno afrontaría “la revisión de los aspectos legales, educativos, culturales, económicos” que entraña el acuerdo con la Iglesia, además, de la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas. El pago de impuestos de todas las confesiones en igualdad de condiciones y la eliminación de algunas exenciones que tiene la Iglesia Católica forman parte del mismo paquete de peticiones frustrado.

Los socialistas proponen ahora algunas iniciativas que no llegaron a ver la luz en la pasada legislatura por desistimiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como la Ley de Libertad Religiosa. Se trata en concreto de hacer una nueva Ley de Libertad Religiosa que sustituya a la vigente que viene de 1980. El diputado socialista Juan Moscoso se aferró al último programa electoral –el de los comicios del pasado 20 de noviembre– y a las resoluciones del PSOE aprobadas en su congreso del pasado mes de enero, para sentirse con legitimidad para proponer estas medidas aunque no las abordaran en sus años de Gobierno. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció esta iniciativa en el congreso de su partido, y cosechó el aplauso más prolongado y entusiasta del cónclave.

Cuestiones morales, religiosas pero también económicas. Los grupos pidieron también eliminar los acuerdos que permiten a la Iglesia Católica la inmatriculación (registro) de inmuebles y terrenos equiparándola a las Administraciones territoriales y Corporaciones de derecho público. La Iglesia puede emitir sus propios certificados en ausencia de título escrito de dominio. La proposición pedía estudiar “ las vías para la devolución de los inmuebles y terrenos reclamados por municipios y otros potenciales titulares”.

Ni siquiera quiso entrar en cuestiones religiosas el diputado del PP encargado de rechazar la iniciativa.Simplemente apeló la a la Constitución a cuyo entender defiende esa especial relación con la Iglesia Católica, al ser la mayoritaria en la sociedad española. Aunque sí ve en estas iniciativas “el rechazo de cierta izquierda a lo religioso y, sobre todo, a lo católico”, en voz del diputado Juan Serrano.