BONIFACIO DE LA CUADRA EL País,  Madrid – 11/11/1994

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la Audiencia Provincial de Barcelona a 10 supuestos miembros de la secta Niños de Dios, acusados por el fiscal de asociación ilícita, fundación de centro de enseñanza ilegal, estafa y lesiones, por los que pidió un total global de unos 200 años de cárcel. El Supremo declara no haber lugar al recurso de casación del fiscal, entre otras razones porque los métodos pedagógicos rechazables no exigen la intervención del derecho penal, si no existe un claro delito.

La sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, argumenta así: “Más allá del rechazo o desaprobación que pudieran suscitar en una sociedad democrática los métodos pedagógicos basados en la introversión y el autoritarismo, debemos mantener el derecho penal alejado de estos debates y evitarle la tentación de entrar de manera ligera, insegura y peligrosa en la perenne discusión sobre la idoneidad de los modelos educativos”.El Supremo estima conveniente encomendar la corrección y análisis de estas cuestiones pedagógicas “a especialistas de otras ramas, incrementando la información y la educación de los sectores de población que pudieran verse negativamente afectados”. La sentencia estima que “la intervención del derecho penal debe estar reservada para aquellos supuestos en los que las enseñanzas impartidas difunden ideas contrarias a la convivencia o la tolerancia, hacen apología de la violencia, promuevan la discriminación por motivos raciales, religiosos o xenófobos, o favorezcan la prostitución o corrupción de inenores”.

En el caso enjuiciado, el Supremo reconoce probado que los acusados formaban un grupo o comunidad, denominado, Familia Misionera, Niños de Dios o Familias del Amor que, en observancia de sus directrices morales, eludían enviar a sus hijos en edad escolar a centros de enseñanza y les enseñaban ellos mismos. [Hace un mes, una sala del Tribunal Constitucional, por cinco votos a uno, desestimó un recurso de amparo por considerar que la desposesión a la Generalitat de la tutela sobre los menores no vulneraba el derecho fundamental a la educación.]

Aislamiento de los menores

Frente a las alegaciones del fiscal, que consideró delictiva la finalidad atribuida al grupo sectario, consistente en aislar a los menores del resto de la sociedad e impedirles el libre desarrollo de su personalidad mediante técnicas coercitivas tendentes a la manipulación total del individuo, la sentencia del Supremo admite encontrarse ante una comunidad de personas, formada por adultos y niños, que adoptaron un modelo de vida que se apartaba de los esquemas generalmente aceptados”. Pero de ahí no deduce que existan delitos.Partiendo de que “nuestra Constitución”, recuerda el Supremo, “ha colocado la libertad en el pórtico que da entrada a todo el catálogo de derechos y deberes fundamentales”, la sentencia reafirma que la intervención penal en las relaciones paternofiliales es “la última línea de actuación y sólo está justificada cuando existe un daño efectivo y real”. Remacha que “la dañosidad social e incluso individual de una conducta no puede, por sí sola, fundamentar la necesidad de una pena”.

En cuanto a la acusación de asociación ilícita, ante la insistencia del fiscal en la estructura clandestina del grupo y su ocultación a la sociedad, el Supremo recuerda que el reproche penal sólo puede activarse “en el caso de que los fines y medios de una sociedad secreta sean en sí mismo delictivos, ya que el ocultismo no es inexorablemente indiciario de ilegalidad penal”.