CAMILO VALDECANTOS El País, Madrid – 07/10/1993

El Senado aprobó ayer, por unanimidad, exigir al Gobierno que en el transcurso del año próximo de 1994 envíe al Parlamento un proyecto de ley de derechos de la infancia. La moción era del Grupo Popular, y logró el consenso de todos los grupos. La senadora Rosa Vindel, en nombre de los populares, defendió la necesidad de una ley “que regule los derechos del menor para lograr una protección integral de los mismos y garantizar el desarrollo equilibrado de su personalidad.

La senadora aseguró que se habían sentido animados para presentar esta propuesta por la frecuencia de noticias sobre delitos en los que se encuentran implicados menores de edad y por los efectos negativos que para el desarrollo de la personalidad de los menores se derivan de la publicidad que se da a este tipo de sucesos.La senadora Vindel recordó que “son frecuentes las imágenes o fotografías de menores, víctimas o autores de un delito, en las que, casi con la mayor impunidad, aparecen reflejados sus nombres y sus circunstancias personales con muy escaso respeto a su identidad, a su derecho a la intimidad y a su propia imagen”.

Pero no sólo esto preocupaba a los senadores. Se manejaron datos sobre la avalancha de imágenes violentas y eróticas que los niños ven a través de la televisión, y, además, la necesidad de protegerlos en aspectos tan importantes como la salud, la educación o la seguridad.

Niños en televisión

El senador socialista Gaspar Zarrías se mostró totalmente de acuerdo. con el propósito de la moción de los populares y con algunos de sus aspectos concretos. Recordó el caso del duque de Feria y la publicación de imágenes de los niños que se han visto implicados en ese suceso. Pero, sobre todo, adelantó las líneas generales de lo que va a ser el proyecto de ley socialista de protección a la infancia. Los puntos claves de esa regulación serán:

– Derecho del menor a ser oído en las cuestiones que le afecten y regular su capacidad de actuar conforme a su grado de desarrollo.

– Derecho a la identidad, asegurando mediante procedimientos técnicos la identificación del recién nacido.

– Derecho ala participación plena en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno.

– Derecho a formar parte de asociaciones infantiles y juveniles y a promoverlas, con determinados requisitos; así como protegerlos contra las sectas.

– Derecho a la información recogiendo la obligación de las administraciones públicas de incentivar materiales informativos adecuados y fomentar la reducción de los que puedan afectar negativamente a su desarrollo.

– Derecho de los menores a acceder a los servicios públicos, como Sanidad o Educación, junto con la obligación de los padres o tutores de hacer uso de ellos en su beneficio.

– Especial atención al desarrollo de las normas de adopción.

– Garantías para los derechos de niños y niñas durante la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de menores.

El senador socialista resumió todo este conjunto de propósitos como un intento de respetar y potenciar “la autonomía, identidad personal, autoestima y responsabilidad de los menores”.

La Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía hizo público, el pasado martes, que 5.000 niños andaluces fueron objeto de malos tratos y abusos el año pasado. Esta cifra, sin embargo, no se corresponde con la realidad ya que existen muchos más casos que no llegan a denunciarse.

Los niños suelen ser maltratados por sus propios padres, por lo que, según la Junta de Andalucía, las palizas y abusos sexuales suelen quedar ocultos.