La Opinión de Zamora (España), Susana Arizaga, 13.03.2014

El exempresario zamorano que se cree la reencarnación de Cristo, Jaime Sánchez Heras, pisó ayer por primera vez la sede judicial de la capital junto con sus tres hijas, sus dos discípulas, su exesposa y los padres de ambos, quienes se han hecho cargo provisionalmente de la guarda y custodia de las menores de edad, para ser evaluado por el equipo psicosocial de la Fiscalía de Menores.

Las profesionales que conforman el servicio multidisciplinar, entre ellas una psicóloga, realizaron un informe también de las tres niñas y de sus madres, así como de los abuelos que tienen en acogida a las menores, un trabajo que se prolongó durante toda la mañana. Estos informes individualizados serán fundamentales para que el juez de Toro, que ya ha abierto diligencias, analice la situación en la que se hallaban las menores mientras compartían techo con quien dice ser Cristo y con sus dos seguidoras, al parecer, una de ellas madre de la cuarta niña que la Guardia Civil encontró en la casa rural de Villalonso en la que vive el joven zamorano.

La investigación judicial se centra ahora en conocer cuál era el comportamiento de Sánchez Heras con sus tres hijas, el trato y la educación que el líder de la secta de Villalonso ofrecía a las pequeñas, al objeto de determinar si pudo cometer algún tipo de delito, como el de desamparo o el de poner en riesgo la integridad de aquellas. Al juez le competerá también determinar, tras escuchar a las partes y contar con informes forenses y psiquiátricos, si el investigado, en caso de ser encontrado culpable de alguna infracción penal, es imputable o inimputable (es decir, si sufre alguna enfermedad mental que le incapacite), indican fuentes jurídicas.

Las diligencias judiciales se centrarán en recopilar testimonios y pruebas para determinar si las niñas sufrieron alguna situación de riesgo, es decir, «carencias en lo que respecta a la atención de las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social», de acuerdo con lo estipulado por la normativa vigente. Del mismo modo, se determinará si vivieron en desamparo y será la Junta de Castilla y León, la Administración competente en cuanto a tutela y custodia del Menor, la que fije una posible multa. Como tales se incluyen la «ausencia habitual de escolarización», así como la «existencia de malos tratos, agresiones, abusos o vejaciones por parte de la familia» que tutela o guarda al menor y cualquier clase de explotación. Otra de las causas de desamparo hace referencia a que los progenitores o quienes tengan la tutela y guarda al menor «sufran una enfermedad o trastorno mental grave, que impida el normal desarrollo o ejercicio de la patria potestad o de la guardia».

La toxicomanía habitual de los padres o guardadores, «pero siempre que incida gravemente en el desarrollo del menor», es otra de las situaciones por las que se considera que aquel se halla en una situación de desamparo, así como la «convivencia y desarrollo en un núcleo o entorno sociofamiliar que deteriora la integridad moral del menor o perjudica el desarrollo normalizado de su personalidad».

Las cuatro menores, ahora bajo la guarda y custodia de sus abuelos, habrían vivido bajo alguna de estas circunstancias, dados algunos detalles ofrecidos por los vecinos del pueblo y la propia alcaldesa de Villalonso, como que iban descalzas en pleno invierno, como su padre y el resto de personas que habitaban en el inmueble alquilado durante un año por el joven zamorano.