ANABEL DIEZ – El País, Madrid – 03/03/1989

El Congreso, por unanimidad, pidió ayer al Gobierno que articule los mecanismos jurídicos necesarios para controlar financiera y fiscalmente las sectas y que establezca unos criterios firmes sobre los requisitos a pedir a los centros de rehabilitación de toxicómanos para que puedan percibir subvenciones públicas, ya que detrás de algunos de éstos se esconden organizaciones con fines distintos a los confesados. La Cámara baja aprobó 11 resoluciones derivadas de la comisión de estudio sobre las sectas en España, y aunque sin citar sus nombres, se reconoce que muchas de las que operan en este país «son destructivas».Esta comisión ha trabajado con notable mesura toda vez que se han esforzado por no aparecer «con ánimo inquisitorial o condenatorio de ningún grupo religioso o cultural», según expresó el presidente de la comisión, el socialista Joan Manuel del Pozo. Éste afirmó que han intentado «garantizar la libertad de los individuos de estar en sectas y también a salir de ellas cuando quieran». A juicio de todos los ponentes, el ordenamiento jurídico es suficiente para hacer frente a las actuaciones delictivas de algunas sectas.

El Congreso insta al Gobierno a incrementar el control de la legalidad y la vigilancia de la aplicación fraudulenta de los estatutos de las entidades que soliciten su inscripción en los registros públicos en calidad de entidades religiosas, culturales, rehabilitadoras-terapéuticas y análogas. Asimismo, se llama a la aprobación de modificaciones en el régimen jurídico de asociaciones «especialmente en lo que ataña a entidades sin ánimo de lucro y de utilidad pública, con el fin de facilitar su control financiero y fiscal».

Finalidades altruistas

 

 

La Cámara pide al Gobierno «inspecciones fiscales y laborales sobre las entidades que por sus estatutos o por su notoria actividad pública, presenten indicios de un movimiento económico impropio por su volumen, y que se presenten ante la sociedad como entidades con finalidades altruistas de signo religioso, cultural, rehabilitador-terapéutico o análogos».

En el aspecto jurídico se insta al fiscal del Estado para que aporte informaciones a jueces y fiscales sobre medidas legalmente aplicables respecto a la tutela de menores.

Manuel García Fonseca de IU-Iniciativa Per Catalunya, Emilio Olabarría del PNV, Salvador Carreras de Minoría Catalana, Antonio Garrosa del CDS y Antonio Cárceles del PP tuvieron intervenciones parecidas en el fondo ya que todos pidieron a la sociedad «una reflexión colectiva» sobre la crisis de valores que induce a integrarse en ese tipo de organizaciones cerradas.

Todos ellos se solidarizaron con la diputada Pilar Salarrullana por cuya iniciativa nació esta comisión, ya que el celo con el que ha trabajado sobre las sectas le ha acarreado múltiples problemas, entre ellos, tener vigilancia policial ante las amenazas anónimas que ha recibido.