BLANCA CÍA – El País, Barcelona – 11/10/1985

El Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona dictó ayer auto de procesamiento contra Lluís Renau y Carles Torras, director y subdirector general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, respectivamente, por el presunto delito de detención ilegal de varios miembros de la secta Ceis (Centro Esotérico de Investigaciones). En el mismo auto también se procesa a Antonio Tarrida, un funcionario de la policía autonómica que se infiltró en las actividades de la citada secta.

Igualmente, en el auto se ha fijado la cantidad de 4.100.000 pesetas en concepto de responsabilidad civil.El auto del juez señala que los tres procesados «adoptaron las medidas pertinentes para que siete personas mayores de edad, que estaban en la Dirección General de Seguridad Ciudadana, con objeto de averiguar su grado de participación en supuestos actos delictivos, no quedasen en libertad, ni puestas inmediatamente después de las pesquisas a disposición del juez de guardia». Posteriormente, los detenidos fueron trasladados al hostal Can Rafel, en el término municipal de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), donde fueron entregados a sus familiares y sometidos a desprogramación.

 

 

Este traslado de los detenidos fue autorizado por el juez «a la vista del cuadro grave que le expusieron relativo a su estado emocional, que no consta que fuese real, y en todo caso evidentemente exagerado», según el auto ahora dictado. Sin embargo, la medida adoptada por el juez «con fines tuitivos, y sin atentar a la libertad de las personas, sirvió de pretexto, para que, con extraordinarias medidas de seguridad, fueran conducidos aisladamente a un lugar lejano que de antemano ya estaba seleccionado para que quedasen allí sujetos a prácticas de desprogramación, que les impedían la libertad de movimientos».

 

 

Libertad provisional

 

 

En el auto se decreta la libertad provisional de los procesados «si prestan obligación de comparecer ante este juzgado cuantas veces fuesen llamados».

Tras hacerse público el auto de procesamiento, el letrado Juan Córdoba, encargado de la defensa del director general de Seguridad Ciudadana y de los otros dos procesados, ha anunciado la interposición de los recursos de reforma en contra de la decisión del juez. Esta acción la llevará a cabo en el término de los tres días posteriores a la notificación del auto.

Posteriormente, en una nota hecha pública por el Departamento de Gobernación, los tres procesados manifestaron su confianza en que «la justicia acreditará que actuaron con absoluta y total correción en el desempeño de sus cargos».

Los hechos se iniciaron con la detención de 60 personas, en una operación llevada a cabo por la policía autonómica el 20 de junio de 1984. A raíz de esta intervención se instruyeron dos diligencias judiciales. En el Juzgado número 6 de Barcelona se abrió el procedimiento por supuestos delitos de inducción a la prostitución e intrusismo profesional contra los miembros de la citada secta. Por otra parte, el Juzgado número 5 entendió de la denuncia interpuesta por seis adeptos a Ceis sobre la actuación de la policía autonómica.

Posteriormente, el abogado de los denunciantes, José Emilio Rodríguez Menéndez, solicitó el procesamiento de Lluís Renau y Carles Torras, petición que hizo el mes de mayo, por considerar que eran responsables de los delitos de detención ¡legal, falsificación y sustracción de menores. Asimismo, requería el procesamiento de Antonio Tarrida, funcionario de la policía autonómica.

En el escrito que entregó el citado letrado se demandaba el inicio de los trámites necesarios para proceder contra el magistrado César Planas, de quien se afirmaba que autorizó a la policía autonómica catalana para que personas vinculadas a la secta fueran entregadas a sus respectivas familias. De esta petición entiende la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En el mismo dictamen se procede contra Antonio Tarrida, un funcionario de la policía autonómica xque se infiltró en las actividades de la citada secta, bajo el cargo de usurpar funciones