ANABEL DIEZ, – Madrid – 26/10/1988

La comisión parlamentaria que investiga el fenómeno de las sectas religiosas choca con el amparo constitucional que tienen las libertades en este país para poner en marcha medidas restrictivas. El defensor del pueblo, Alvaro Gil Robles, que fue convocado ayer por esta comisión, consideró que la legislación vigente es suficiente para reprimir todos los ilícitos penales que puedan darse, y pidió prudencia a los parlamentarios si es que están pensando proponer medidas restrictivas.

Aun así, y a pesar de que a su institución sólo han llegado ocho denuncias, reconoció que las sectas constituyen un fenómeno social que preocupa cada vez más a amplios sectores de la sociedad.El sentir generalizado que se expresó ayer en esta comisión, tras la intervención del Defensor del Pueblo, va encaminado no a que se creen nuevas leyes, sino a que las existentes sean más operativas, y a que la Administración muestre una especial diligencia cuando tenga denuncias en torno a estas sectas.

El Defensor del Pueblo aseguró que todas las denuncias que ha recibido en esta materia han sido enviadas al ministerio fiscal. «En lo que no puedo entrar es en supuestos de personas mayores de edad que son libres para pertenecer a una secta o a lo que quieran», dijo. En ese momento, Gil Robles afirmó que tenía muchas dudas respecto a proponer una legislación más restrictiva».

Cabe destacar que algunas de las quejas que han llegado a Gil Robles denuncian los efectos en miembros de sectas del proceso de desprogramación al que han sido sometidos no por su consentimiento, sino por la acción de los familiares que esperaban volverles a la normalidad. Los miembros de la comisión convinieron en que las diversas asociaciones de desprogramadores existentes deben ser también objeto de regulación legal. Según Gil Robles, la propia denominación de desprogramación le produce verdaderos escalofríos. Las denuncias que están llegando a la comisión por los métodos presuntamente utilizados por estos desprogramadores tratan a éstos, paradójicamente, como si también actuaran a modo de secta.

Manuel García Fonseca (IU), Salvador Carrera (CiU), Emilio Olabarría (PNV), Antonio Garrosa (CDS), Pilar Salarrullana (Democracia Cristiana), y Juan Manuel del Pozo (PSOE) mantuvieron unos criterios muy similares en cuanto a la necesidad de que la Administración tuviera una actitud más vigilante respecto a las denuncias sobre las sectas.

El liberal José Manuel Botella, llevado por los principios que defiende, apeló a la libertad de la persona para pertenecer o no a la organización que estime conveniente, y se mostró muy preocupado ante posibles medidas restrictivas «contra algo que está legalizado y que no tiene ninguna denuncia fundada». «No pertenezco a ninguna secta, ni las defiendo», aclaró, «y no me gustaría que un hijo mío perteneciera a alguna de ellas, pero se trata de su libertad y desde luego empieza a aterrorizarme lo que este Parlamento pueda hacer».