J.M.AHRENS, – Madrid – El País, 08/05/1998

El defensor del Menor, Javier Urra, ha abierto una investigación para determinar si el denominado Movimiento Católico, que opera en Getafe, ha incurrido en prácticas sectarias con menores. Los expedientes, iniciados a raíz de cinco denuncias de padres, se centran en un sacerdote al que se atribuye “una gran influencia en los menores con objeto de conseguir vocaciones, induciendo a enfrentamientos con los padres, aislamiento e incomunicación”.

La memoria de actividades de 1997 del Defensor del Menor, publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, se ocupa del citado Movimiento Católico en su apartado de sectas. Urra refiere que por esta actividad su institución abrió en 1997 cinco expedientes por quejas contra la citada asociación. Como primer paso, Urra se dirigió a la diócesis de Getafe y puso los casos en conocimiento de la fiscalía (que habrá de determinar si se archivan o no), ya que estimó que “de la documentación podían derivarse conductas presumiblemente delictivas por supuesta inducción a menores al abandono del hogar y por una supuesta fuente de ingresos irregular”. Entre los indicios que esgrime Urra están las cartas enviadas por el sacerdote a los menores.Como primera respuesta, el Defensor del Menor recibió un escrito del párroco, en el que defendía su tarea pastoral y afirmaba que su obra es pública y se limita a la transmisión del mensaje de Cristo sin coacciones ni presiones. De quien no recibió contestación el Defensor del Menor fue de la Vicaría General.

El primero de los casos investigados, siempre según el citado informe, se refiere a la queja de unos padres que denunciaban que, a raíz de la actividad del párroco, su hijo había ingresado en el Seminario de Madrid y su hija en un convento de las monjas clarisas. Otro relata cómo un chaval de 17 años, a partir de su relación con el sacerdote, entró en una espiral de conflictos con su familia. Una cadena de “continuas peleas y discusiones familiares” que se combinaron con una disminución del rendimiento académico, incomunicación e incluso “manifestaciones religiosas de santidad”.

Más grave fue el caso relatado en el expediente 119/97. Es la historia de una joven a la que en 1995 sus padres “recuperaron” cuando estaba a punto de ingresar en un convento. Este conflicto familiar se plasmó en dos denuncias: una presentada por el padre de la menor contra el párroco por coacción psicológica, y otra del sacerdote contra el progenitor por infamias y malos tratos, lo que, a su vez, le dio pie para solicitar que la joven fuese puesta bajo tutela.

Esta tensión culminó a finales de 1995, cuando la menor mostró su rechazo a permanecer en su domicilio. Pasó entonces a un centro de acogida de la Comunidad. Pero esta medida tampoco fue del agrado de la joven (ni de los padres), lo que motivó su vuelta al hogar paterno. Dos años se mantuvo esta situación, hasta que la adolescente manifestó la “imposibilidad” de seguir con sus padres y ofreció como solución irse al domicilio de una familia a la que le unía una gran amistad. La Comunidad aceptó esta petición y autorizó de forma provisional su permanencia en dicha casa. Pero los padres de la menor rechazaron la medida y denunciaron al Defensor del Menor que la familia que había acogido a su hija no sólo influía negativamente en la muchacha, sino que estaba vinculada al citado movimiento religioso. Urra, como último capítulo en este conflicto, recogió esta queja y pidió a la Comunidad que hiciese un seguimiento del caso.