La interminable instrucción del caso “guru” Antonio y su secta

By |2013-03-08T06:33:20+00:007 mayo, 2012|Vaidika Pratishtana|

El Mundo / Andalucía (España), José A.Cano, 7.05.2012

Sus alumnos lo conocen como Swami Shankaratilakananda, las familias de sus alumnos como el gurú Antonio. Estos últimos empezaron hace dos años el camino judicial para intentar sentar en el banquillo de los acusados a Antonio Javier Plazas, el controvertido gurú hinduista al que sus detractores acusan de dirigir una secta destinada a «desplumar» a sus víctimas e incluso maltratarlas y abusar sexualmente de ellas.

Las Asociación de Víctimas de Plazas y la organización de prevención sectaria Redune consideran que la instrucción judicial se está prolongando de manera innecesaria, sobre todo por las tácticas dilatorias de la defensa. La investigación, en manos del Juzgado de Instrucción número 7 de Granada, se ha prolongado desde junio de 2010 y está a punto de cumplir dos años. En sentido estricto, esa fue la fecha de la denuncia de la Asociación de Víctimas, presentada ante Fiscalía, llegando la denuncia formal del Ministerio Público seis meses después.

Este periódico ha tenido acceso a algunos de los testimonios ya recogidos por el Juzgado de Instrucción número 7, en el que antiguas alumnas aseguraron que fue Antonio Plazas quien, «como medicina», les dijo que debían «mantener relaciones sexuales con mujeres e incluso con las profesoras del centro». Otras hacen referencia a que, «cuando sus padres le mandaban dinero, el imputado quería que la declarante se llevara bien con sus padres», pero «que, cuando aquellos le retiraron después, éste la chantajeaba en el sentido de que la aconsejaba que no se relacionara» con ellos.

Otras de las supuestas víctimas se han reafirmado en sus declaraciones públicas frente al instructor, asegurando que fueron obligadas a entregar dinero y bienes contra su voluntad. Otra afirma que «sufrió malos tratos de todo tipo, no dejándola dormir, obligándola a limpiar y tratando de dirigirla en todo lo que tenía que hacer».

Otro ex alumno aseguró que «después de marcharse tuvo llamadas de teléfono y amenazas para que volviera». Según el presidente de Redune, Juan Domínguez, resulta «incomprensible» que se prolongue la actual situación, toda vez que ya han declarado, a lo largo de dos años, más de una treinta de personas, incluido al propio Plazas y los más de veinte ex alumnos que conforman la Asociación de Víctimas. «Si el juez, después de tanto tiempo, considera que no hay pruebas suficientes, que archive y nos permita recurrir. Si no, que lo mande a juicio oral, que es lo que queremos todos», proclama.

Las acusaciones particulares califican, las tres, delitos de asociación ilícita, contra la integridad moral, contra la libertad sexual, de lesiones, contra la libertad, contra menores, de coacciones, estafa, intrusismo, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra el derecho de los trabajadores, una larga lista que incluye desde las supuestas coacciones para mantener relaciones sexuales hasta el hecho de tener como empleadas del hogar de manera gratuita.

El caso, de cualquier manera, es de todo menos sencillo, ya que se cruza con varias causas civiles, como la que enfrenta a Plazas con algunos ex alumnos que hizo que lo convirtiesen en socio de sus negocios, o las que han perdido familiares de seguidores actuales que han tratado de que sus hijos o hermanos sean declarados incapacitados para que no puedan disponer de sus bienes, que en algunos casos han declarado abiertamente que venderán para entregarlos a la comunidad.