Granada Hoy, 12.12.2011

El juez de Instrucción 7 de la capital, que investiga desde el pasado mes de enero el caso del gurú, ya cuenta con los testimonios de una decena de personas que se han sentido víctimas de este líder espiritual, Antonio Javier Ruiz Plazas, presidente de la asociación religiosa Vaidika Pratisthana Sangha, una comunidad hinduista de la rama védica de España que tiene una academia en calle Recogidas y su templo en la denominada Casa Yoga de Armilla.

En los relatos que los distintos ex adeptos han ido realizando en el juzgado en calidad de testigos, a los que ha tenido acceso este diario, se describen situaciones que causan cierto estupor, si bien esta comunidad religiosa niega categóricamente ser una secta y afirma que todos sus miembros lo son libremente y por voluntad propia. Algunos testigos hablan de “vejaciones”, de “sumisión”, de “manipulación”, del deseo “de dinero y poder” del imputado, de haber realizado donaciones, de pocas horas de sueño, pero al mismo tiempo la mayoría niega haber recibido malos tratos y reconoce que pudo abandonar la organización sin impedimento alguno.

Según han informado fuentes judiciales, la instrucción de este caso, que se sigue por posibles delitos de asociación ilícita y contra la integridad moral, se encuentra ya bastante avanzada. En total, nueve supuestas víctimas han prestado ya declaración judicial, si bien aún faltan por declarar otra docena de afectados, los cuales aún no han sido citados.

También han ofrecido ya sus versiones dos testigos propuestos por la defensa: una joven y un médico de la capital que acudían a las charlas y clases de yoga que imparte el grupo. Estos dos testigos han sido los últimos en declarar ante el magistrado. Lo hicieron el pasado 14 de noviembre, y prestaron unos testimonios que nada tienen que ver con los ofrecidos por otros alumnos y ex miembros. Ambos testigos negaron al juez haber presenciado conductas vejatorias hacia ningún miembro de la comunidad y aseguraron que ni se les impuso hacer donaciones ni seguir la dieta vegetariana que realizaban sus integrantes. Tampoco vieron que se tratase de “comer el coco a nadie”. En cuanto a otros pormenores de la causa, las fuentes consultadas precisaron que existen al menos dos recursos de apelación pendientes de resolver por la Audiencia de Granada. Uno de ellos se interpuso contra la negativa del juez a unir a la causa un reportaje publicado en la revista Interviú sobre el gurú granadino “y sus esclavas”, mientras que el otro recurso lo ha interpuesto un perjudicado a quien, según las fuentes, no se le aceptó la personación.

A estas alturas de la investigación, y una vez se resuelvan esos dos recursos, puede ocurrir que el juez considere que el material que ya obra en su poder es suficiente y dé por concluida la investigación, tras lo que podría o pasar a la fase de preparación de juicio oral o dar carpetazo al asunto si finalmente no aprecia indicios de criminalidad en la conducta del imputado.

En la causa hay tres acusaciones: la pública, que ejerce la Fiscalía de Granada; una particular, que ejerce Teresa N.L., como perjudicada y presidenta de la asociación de víctimas de swami shankaratilakananda (el gurú); y otra popular, que lleva a cabo Redune, una asociación de persecución de sectas. Por otro lado, está la defensa del gurú, que también está proponiendo multitud de testimonios favorables a su cliente. En cualquier caso, el número de partes podría crecer en las próximas semanas, pues, según agregaron las fuentes, existen “cuatro o cinco perjudicados más que quieren personarse en las diligencias”.

El testimonio más impactante que figura en la causa es el prestado precisamente por la presidenta de las supuestas víctimas, Teresa. Se le tomó declaración el pasado mes de mayo, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo, mediante exhorto judicial. La mujer, que formó parte de la comunidad, asegura que dormía “tres o cuatro horas al día”, que tenían “una actividad frenética” y que el imputado sí “les obligaba” a seguir una dieta lactovegetariana. Según sus palabras, ella y otras personas tenían “contratos de esclavitud, por los que se comprometían a estar 24 horas disponibles a las necesidades del maestro”. Había además -siempre según su relato- sesiones religiosas o de adoctrinamiento “que podían durar hasta 12 horas, en las que no se podían mover y debían permanecer sentados en el suelo aunque tuvieran dolores”. En su caso, afirma que sufrió “malos tratos psicológicos”, no físicos, pero sí “vejaciones”, ya que le llamaba “inútil” o “patética”. Teresa, que asegura que entregaba a la comunidad el dinero de la pensión que cobraba por invalidez, llegó incluso a montar un centro en Madrid para el imputado con el dinero que recibió de una herencia. Allí se impartían sus doctrinas y “el denunciado pasaba consultas psicológicas, practicaba masajes y acupuntura sin ninguna titulación y se denominaba médico ayurvédico (medicina india) y daba recetas de ese tipo de disciplina”. Al final, ella abandonó la comunidad y cerró el centro porque no podía seguir pagando tanto dinero. Pero en el grupo estuvo 14 años, durante los que dice que vivió en una situación “de terror y angustia”. Afirma que el imputado “la violó a ella y a las demás mujeres”, así como a su “hija”.

Una jornada de 24 horas y el código del pañuelo

Cuando el caso estaba siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Granada, se unió al expediente un documento en el que el gurú, Antonio Javier Ruiz Plazas, daba a una de sus acólitas una serie de llamativas instrucciones sobre cómo debía de actuar y comportarse en la Casa Yoga de Armilla. En el manuscrito, que según las fuentes consultadas el imputado reconoció como suyo durante su declaración judicial, se establece un “protocolo de ocupación continua de 24 horas”, así como otros protocolos de tiempo, de permiso de acceso a las estancias y de modo de ausentarse.

El escrito fue definido por el gurú como “un recordatorio personal que realiza a una persona a la que se le concedió una beca personal”. La persona en cuestión es una mujer que colaboró con él “como si fuera una secretaria” y su beca consistió en sufragarle parte de los gastos de un viaje a la India. El imputado tildó así el documento de “un acuerdo excepcional con dicha persona para recordarle sus obligaciones respecto del declarante”. Dichas obligaciones consistían, por ejemplo, en que debía de conseguir su “SÍ” o “NO” directamente de él.

“No puede mi asistenta/ayudante/secretaria/ preguntarme por SMS-CHAT-SKUP-TELÉFONO u otro medio (incluyendo transmisión a través de persona alguna). Debe de preguntarme de viva voz y en persona”, agrega el texto.

En cuanto a la actuación de la referida mujer en la Casa Yoga, debía de estar ocupada en lo que estimase el gurú o los demás superiores, y no podía ausentarse de la casa sin el permiso del imputado. “En caso de no poder comunicarse conmigo directamente, no podrá comunicarse por ningún otro medio y no podrá ausentarse”, añade el documento.

Para acceder al GD (el GD, por lo que se dice en el papel, parece que se trata de la estancia de la casa donde se encuentran el gurú y otros superiores de la organización) existía un código en el que se usaban pañuelos. “Podrás subir sin preguntar sólo cuando esté el pañuelo amarillo o blanco. Cuando esté el rojo, deberás de preguntar a algún miembro del GD”, explica el manuscrito.

En cuanto a las tareas a realizar, el imputado señala en el documento que “cuando no te ocupe directamente (…) deberá de estar ocupada o directamente por el GD o por la GK o por sí misma en tareas de trabajo para mí, GD, GK, en este orden”.

Fue el 5 de enero de este año cuando la Fiscalía llevó a los tribunales a Antonio Javier Ruiz como responsable de la comunidad, que lleva funcionando desde los años 80. Según indicaba en su denuncia, éste, “utilizando técnicas de persuasión coercitiva en el grupo, ha conseguido el control y la alteración de la personalidad de quienes en cada momento forman y han formado parte integrante de la comunidad, ocasionando a cada uno de ellos graves trastornos psicológicos”. Para el Ministerio Fiscal, el gurú ha realizado actos tendentes a “anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad”, y todo ello “con la finalidad de obtener y obteniendo numerosos beneficios de carácter personal, sexual y económico”.

Tras saltar la noticia, la comunidad religiosa compareció ante los medios para negar todas y cada una de las acusaciones. Sus responsables afirmaron que la orden está “avalada” por el Gobierno de la India y que “nunca” ha sido denunciada por nada, ya que cada miembro es libre para actuar y decidir cómo proceder dentro de la organización.

El gurú y los adeptos

EL testimonio prestado ante el juez por los adeptos de la secta hinduista que operaba en el Zaidín produce escalofríos. Orgías, humillaciones y abusos de todo tipo se practicaban supuestamente bajo la máscara de un centro de yoga. El líder religioso, con la complicidad de sus asistentes, ejercía un poder tiránico sobre los discípulos que pretendían conocer los secretos de un sistema de meditación que en realidad tenía rasgos de pesadilla diabólica. Los tiempos de decadencia moral suelen producir tales fenómenos sectarios. El fin de la instrucción está aún pendiente de la resolución de dos recursos por parte de la Audiencia Provincial y de la declaración de otros doce testigos que aún no han sido citados. La defensa del gurú ha aportado, por su parte, el testimonio de varias personas que, durante su estancia en el centro, no apreciaron ninguna anomalía. Por la gravedad de los hechos el caso debe ser juzgado cuanto antes.