El Mundo, 15.06.2010

La comunidad hinduista de Granada de la que es director el profesor de yoga acusado de tener “esclavizadas” a 20 mujeres a las que impediría comunicarse con sus familias, ha denunciado por injurias, calumnias y amenazas a los, también supuestos, responsables de dichas acusaciones, que atribuyen a personas que “fueron expulsadas de la comunidad por su conducta” y a una “persecución religiosa”.

Estas manifestaciones se producen tras la publicación en los medios de comunicación de las supuestas estafas que realizaría el mencionado profesor de yoga, al que los familiares de algunas de sus alumnas acusan de ‘gurú’ y de dirigir el templo como una “secta”. El caso se conoció en tanto estas familias recurrieron al Defensor del Ciudadano de Granada, Melchor Sáiz Pardo, quien anunció que llevaría el caso ante Fiscalía.

La vicepresidente de la comunidad ‘védica hinduista’, Tara Shakti, compareció ante los medios para leer un comunicado en el cuál negó los hechos que se atribuyen a su director, pues “no tiene sentido” que tantas acusaciones “tan graves” queden “impunes durante tanto tiempo”, y afirmó que los monjes están siendo actualmente “linchados” por el revuelo mediático creado, ya que “nos arrojan objetos por encima de los muros del templo” y, en algunas salidas, “se han recibido insultos por ir rapado o vestir diferente”, cuando “son símbolos de nuestras creencias”.

El templo en sí, un chalet que funciona como escuela de yoga y se encuentra en el municipio de Armilla, en el área metropolitana de Granada, posee un cartel que avisa de que hay libro de reclamaciones,se ofrecen descuentos a estudiantes y menores de 25 años por las clases de yoga y, en una de las salas de rezo, con los retratos de santones y gurús, las velas y el incienso, comparte espacio un televisor de pantalla plana.

‘Campaña orquestada’

Según explicó la abogada del grupo, Mercedes Merinas, en la actualidadno existe ninguna denuncia contra la comunidad o cualquiera de sus miembros por los presuntos hechos delictivos. Antes bien, las únicas acciones legales las ha llevado a cabo el mismo templo, a través de un bufete de Madrid, contra “tres personas perfectamente identificadas” supuestos responsables de la “persecución”. La vicepresidente de los monjes considera que la “campaña” es orquestada por personas “que fueron invitadas a abandonar la congregación por comportamientos inadecuados”.

Tras el salto del caso a los medios, se ha pedido ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que se investigue a los responsables del blog que dedicado a “desvelar” los supuestos manejos del ‘gurú’, así como su relación con varias direcciones de correo electrónico “que se dedican a enviar a amenazas a miembros de este templo en sus centros de trabajo”. El objetivo es que la identificación lleve a una querella criminal por las “graves acusaciones” recibidas.

Precisamente por lo ambiguo de la situación –las siempre supuestas víctimas serían todas mayores de edad y responsables de sus propias decisiones–, el Defensor del Ciudadano granadino anunció su intención de reunirse con el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, al que pretende consultar el enfoque legal que pueda tener la cuestión. La cita está prevista para el próximo miércoles día 9, y, una vez más supuestamente, de ella puede salir la posible actuación legal de las familias que se declaran víctimas del ‘gurú’.

Los monjes quisieron señalar que su comunidad se encuentra registrada como entidad religiosa –así como el templo y escuela de yoga lo está como lugar de culto–, rechazando la calificación de “secta”. Negaron, en el comunicado, que exista “ninguna estudiante secuestrada”, o que se hayan hecho con sus propiedades. La comunidad “lleva 30 años en Granada sin ninguna denuncia” ni siquiera “por parte de quienes dicen haber sido víctimas”. Añadieron que el grupo está dirigido por “un consejo rector” del cual “forman parte todos los componentes”.