JUAN G. BEDOYA – Madrid – El País, 28/05/1999

Ante todo, la libertad de conciencia. El director general de Asuntos Religiosos, Alberto de la Hera, ha roto una lanza en favor de las entidades religiosas a las que, con gran frecuencia, algunas autoridades o muchos medios de comunicación confunden con sectas destructivas. Incluso sobre esta vidriosa materia, De la Hera aconseja prudencia, en defensa de la presunción de legalidad y frente a países que, como Francia o Bélgica, exageran la persecución a las sectas.

“Yo doy la cara por toda entidad inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia; sólo una sentencia judicial puede hacernos cambiar de opinión”, dijo en la noche del miércoles, durante una cena con periodistas, el director general de Asuntos Religiosos, Alberto de la Hera. Catedrático de Historia de la Iglesia y brillante canonista de la hornada del cardenal Antonio María Rouco, con quien estudió en Alemania, De la Hera subrayó esta advertencia solemne: “Quien está inscrito en nuestro registro no es una secta”.La Dirección General de Asuntos Religiosos, dependiente del Ministerio de Justicia, acaba de publicar la Guía de entidades religiosas de España (Iglesias, confesiones y comunidades minoritarias). El libro informa sobre 899 entidades pertenecientes a religiones minoritarias con presencia en España (protestantes, islámicos, judíos, ortodoxos, budistas, hinduistas, etc.), pero deja fuera de registro a las 15.548 entidades que declara la Iglesia Católica. En todo caso, es una guía que el director general aconseja ojear a las autoridades gubernativas y a la policía o la Guardia Civil antes de iniciar cualquier investigación o dar pábulo a sospechas y denuncias. “Cuando alguien tenga alguna duda, que consulte esta guía”, dice Alberto de la Hera.

El Palmar de Troya

 

En algunas ocasiones, la Dirección General de Asuntos Religiosos ha denegado una inscripción y han sido los tribunales los que dijeron la última palabra, a veces anulando la decisión del Ministerio de Justicia. Es el caso de El Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla. Justicia le denegó su carácter de entidad religiosa, con la presunción de que se trataba de una secta, los monjes de El Palmar recurrieron y los jueces les han dado la razón.

Las entidades religiosas registradas, por el hecho de serlo, obtienen del Estado determinados beneficios fiscales y de otro tipo. Las sectas, no. Por eso suelen disfrazar sus fines de religiosidad para confundirse con aquéllas, cuando en realidad sólo son asociaciones económicas, culturales, deportivas o de otro tipo. El objetivo de la Dirección General de Asuntos Religiosos es discernir sobre esos disfraces. Pero de ahí a considerar sospechosa a todas las sectas va un trecho que De la Hera aconseja recorrer con extrema cautela. Los denominados observatorios de sectas creados en Francia o Bélgica son un ejemplo que no le gusta, porque ponen en riesgo la presunción de legalidad y criminaliza con mucha ligereza.

Sobre la polémica de los crucifijos en las escuelas, el director general de Asuntos Religiosos propone que sea el consejo escolar de cada centro de enseñanza pública quien decida. Tan malo es retirar por ley los crucifijos de las escuelas públicas como mantenerlos a ultranza, dijo De la Hera, después de subrayar que el crucifijo, en su opinión, es un símbolo en muchos lugares y que España cuenta con una gran tradición religiosa que no puede ser ignorada y sin la cual no se pueden entender muchos de los hechos de la historia.

Se refirió también a los dos grandes temas por resolver en las relaciones Estado-Iglesia, el de la alternativa a la enseñanza de la religión y el del porcentaje que el Estado destina a la financiación de la Iglesia por vía impositiva, De la Hera no ve mayores dificultades para su solución, pero no especificó fechas ni contenidos de un posible acuerdo.