Las Provincias (Alicante), Manrique C. Sánchez, 22.01.2011

Victoria A.R., supuesta líder espiritual de un grupo de tintes sectarios con sede en Llíber que fue blanco de una operación de la Guardia Civil en junio de 2006, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nueve años de prisión.

El Ministerio Público sostiene que causó una «grave socioadicción e importantes lesiones en su salud mental» a tres de sus seguidores. Según se recoge en el escrito de acusación de esta parte, al que ha tenido acceso este diario, utilizó para ello «técnicas de persuasión coercitiva cuyo objeto era la alienación y despersonalización de los adeptos, su aislamiento del exterior y su control mental».

Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2006, durante los cursos y talleres que impartía en su residencia de Llíber sobre terapias alternativas como reiki, hiperventilación o ‘chakra breathing’.

La Fiscalía acusa que la verdadera motivación de la ‘maestra’, conocida como ‘Vibhuti’, «no era la de proporcionar a sus alumnos los beneficios terapéuticos prometidos, sino la de obtener el mayor enriquecimiento posible a costa de su asistencia a los mencionados cursos». Victoria A.R. niega tajantemente esa versión. Anoche, en una breve conversación telefónica con este diario, calificó el proceso judicial de «montaje» y atribuyó las acusaciones que pesan sobre ella y otra media docena de miembros de su grupo espiritual al «interés económico» de los tres ex adeptos que la denunciaron ante la Guardia Civil. «Han investigado y no hay nada de nada. Todo es falso. No han encontrado dinero ni indicios de estafa. Esto no es ninguna secta, pero como hubo cierto escándalo mediático y la prensa se ensañó con nosotros ha tenido que llegar a juicio», aseguró.

Sin embargo, la acusación pública defiende que generó en las supuestas víctimas «un estado de dependencia existencial» respecto de ella, la «maestra», y del resto del grupo, «con la consecuente pérdida de su personalidad y su autogobierno».

Para justificar dicha afirmación, la fiscal de Dénia que ha llevado el caso se remite a los informes forenses, que hablan de «fobia social, temores desproporcionados, trastornos depresivos y desestructuración psicológica» en los perjudicados.